miércoles, 29 de noviembre de 2017

Pese a que el Congreso, los gremios profesionales y hasta los partidos políticos  han pedido dejar de privilegiar el esquema de Asociación Público Privada (APP) para la infraestructura nueva, el gobierno de Peruanos Por  el Kambio no solo se niega: reincide.
Así, el Ejecutivo acaba de proponer ampliar el tiempo máximo de las concesiones de 30 a 60 años, en el caso de los puertos. (Gestión, 28.11.17. En la imagen, el puerto de Ilo) Además, se proponer la aprobación de los contratos de APP sin el visto bueno del Ejecutivo, ni de las tristemente célebres “adendas”. Esto, obviamente, abre la puerta para más despropósitos.
Esto es parte de una tendencia en el gobierno peruano actual, que lleva ya más de un año intentando reflotar sin éxito el esquema APP, dañado irremediablemente por los escándalos de Odebrecht y perdiendo ministros y gabinetes en el proceso. ¿El costo?  La infraestructura más esperada – Gasoducto Sur Peruano y Aeropuerto de Chinchero – han sido postergados largamente. Las obras mayores que han continuado han sido previo abandono del esquema APP, pasado a la administración de obra pública clásica, como es el caso del Tren de Cercanías Barranca – Ica y Majes Siguas II.
Como hemos mostrado en otros posts (1, 2, 3), la cesión de derechos y potestades y los sobrecostos fiscales son argumentos abrumadores contra la continuidad del privilegio a las APP, esquema que pidió ser modificado por la Contraloría General de la Republica.
ES importante señalar que el Estado peruano considera los puertos como parte de la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, lo cual debe potenciar en el marco de la iniciativa una Franja, una Ruta (Marítima) y los corredores ferroviarios bioceánicos.

29 de Noviembre de 2017

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