domingo, 17 de diciembre de 2017

Aunque siempre se puede decir que Odebrecht y comparsa ya encontró corrupción en nuestros países, (en la foto, Marcelo Odebrecht y su representante en Perú, Jorge Barata, en una de sus múltiples visitas al Palacio de Gobierno de Lima. Fuente: La mula)  y aceptando incluso la posibilidad que el agente activo de la corrupción fuesen las clases políticas locales, Odebrecht creó un sistema completo para gestionar una corrupción que ha saqueado al Estado y en especial, al presupuesto para la infraestructura. Esto, aprovechando, en los últimos 15 años, con mas énfasis,  los esquemas de Asociaciones Público Privadas y el hincapié neoliberal de achicar el Estado.(Ver posts del blog:  12,  3     y  4
El daño no solo solo las coimas que Odebrecht recargo a los presupuestos públicos. Ese es el daño menor, y los daños mas importantes fueron: 
  • Relegamiento de las obras de mayor eficiencia, porque no eran comvenientes por sus grandes montos y largo plazo a los intereses inmediatistas de los lobbies pro Odrebrecht. Por ejemplo, las grandes centrales hidroeléctricas, la recuperación de las ferrovías,  etc.
  • Postergación de los proyectos por el rechazo publico y la imposibilidad legal por mala negociación. 
  • La sobrevaloración de las obras concesionadas, que mayormente repercutieron en un desvío del presupuesto público para cumplir con los sobrecostos bajo el chantaje de parar las obras; 
  • Cesión del control de la infraestructura por 30 a mas años, 
  • Elevación de costos para los usuarios, a través del esquema de "ingresos garantizados" (por ejemplo, las tarifas eléctricas subieron para financiar el fracasado Gasoducto Sur Peruano);
  • Mayores costes financieros de las APP, (14% versus el 6.5% si el Estado le pidiera prestado directamente al público).
  • Multimillonarios pagos del Estado a las empresas APP por penalidades y contingencias, resultado de ineficiencias y contratos sesgados a favor de las empresas tipo Odebrecht; 
  • Daño irreparable al presupuesto de infraestructura, por los millonarios sobrecostos y penalidades, 
  • El recorte de las alas, financieras, al Estado, por los grandes sobrecostos aplicados, que compromete gravemente su capacidad de maniobra.
Según un artículo publicado por Gestión y reseñado en nuestro blog (ver aquiLas obligaciones que el Estado deberá desembolsar entre este año y el 2019  por dichos contratos de APP ascienden a US$ 7,770.10 millones, el 70% del presupuesto para transporte de estos tres años.
Este esquema fué defendido a ultranza por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que sacrificó a varios ministros y un gabinete entero para mantener y renegociar los contratos de APP como el Aeropuerto de Chinchero y el Gasoducto Sur Peruano, a pesar de las opiniones contrarias de la Contraloría, sus Procuradoras, los expertos profesionales, el Congreso  y los partidos políticos. 
La alternativa es la obra publica por administración directa, clásica, o la realizada mediante iniciativa privada, como es el caso de la hidroeléctrica San Gabán III, donde la empresa Hydro Global, a diferencia de las APPs, busca directamente el financiamiento y no le pide "garantías" al Estado y menos, "garantizar" sus ingresos. 
17.12.17

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