sábado, 7 de abril de 2018


La inversión pública en Perú está en una trampa mortal, y lo mismo podría estar ocurriendo en otros países de la región.
No ha podido escapar del esquema corrompido de las Asociaciones público privadas (APP)“cofinanciadas”, pero el Estado se  demora en recurrir al esquema clásico de la obra pública.
Entretanto, las constructoras peruanas están amenazadas gravemente, sin solución por la falta de confianza entre el Congreso y el Ejecutivo. Y el sistema relacionado de concesiones privadas de la infraestructura hace agua en todo el país, con protestas masivas contra los peajes administrados por los privados, o con la reversión de las concesiones por incumplimiento de los privados, como el caso del agua potable, en Tumbes, norte del Perú.
Lo único que funciona es la obra pública directa, como los proyectos Alto Piura, Majes Siguas II, y probablemente el Aeropuerto de Chinchero; y las APP “autosostenbles” (financiadas completamente por los privados) como los proyectos San Gaban II (por el consorcio chino portugués Hydro Global), el puerto de San Juan de Marcona (por el consorcio minero chino liderado por JinZhao Mining), entre otros.
Entretanto, los ingresos públicos están menguando por las amalas políticas presupuestales aceleradas por el ex presidente PPK.
El presidente Martin Vizcarra, al menos, ha identificado este último problema, y el proceso de recurrir a la obra pública ya comenzó, pero aún no es óptimo. Toca formular un Plan Nacional de Infraestructura en forma, que identifique, priorice y garantice la infraestructura vital que el Perú merece, en beneficio asimismo de la integración bioceánica sub regional.
7.4.18

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