A propósito de la inaceptable demanda contra el
Perú de la corrupta constructora brasileña Odebrecht ante el CIADI, Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, con sede en
Washington, la corte global que atiende los reclamos de los inversionistas
extranjeros, es importante analizar este enfoque de protección de inversiones
que Odebrecht invoca.
Parte de la globalización, la reducción del
Estado y la apertura indiscriminada, la protección de la inversión extranjera se
impuso mediante los Tratado de Libre Comercio o Tratados de Protección de
Inversiones, dizque pues si no las inversiones no vendrían. Hoy se ha
convertido en una verdadera espada de Damocles sobre los estados,
principalmente, de las naciones subdesarrolladas, que no pueden aplicar sus
políticas desarrollistas o de simple defensa al consumidor, frente a las
transnacionales e incluso los propios fondos de inversión, sin ser demandados
ante el CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial.
Enel contexto de la crisis interna, de las
décadas perdidas después de la crisis de la deuda y los procesos hiperinflacionarios
de los 80 y 90, nuestros países pasaron a depender mucho mas de la inversión
extranjera; dirigida en especial a los sectores extractivos y de servicios, y
para muchos países esta fue la única garantía de su propia estabilidad
económica.
Pero el precio es demasiado alto. Las normas de
protección a la inversión extranjera, destinada a protegerlas de las
“expropiaciones”, ha dado un salto “doctrinario”, al considerar como una
extensión de expropiación cualquier medida de los gobiernos que pueda afectar
sus niveles de utilidades. Por ejemplo, Uruguay introdujo hace algunos años
legislación para proteger a los ciudadanos de los efectos del tabaco, y debido
a ello la tabacalera internacional Phillips Morris demando a dicho pais ante
CIADI.
Estas demandas se han incrementado, con 221 de
demandas de las grandes corporaciones mineras, petroleras, de servicios,
manufactureras, contra America Latina, el 30% de los casos totales vistos por
CIADI al 2017, como lo explica un video de CLACSO (ver aquí). Hasta
2018, Perú tenía demandas ante CIADI por US$ 3,000 millones (ver El Comercio), pese
a lo cual ha tenido éxito relativo. ¿Hasta cuando?
En el caso de Odebrecht, la empresa incumplió
con el “cierre financiero” requerido en su participación en el proyecto
Gasoducto Sur Peruano, por el desplome de su credibilidad dado el caso Lava
Jato, en Brasil, pero como se había adelantado a llevar tubos metálicos para el
tendido del gasoducto a la zona de futura construcción, ahora pide la
indeminzación. Otra empresa consorciada, la española Enagas, demandó antes al
Perú en el mismo caso por mas de US$ 1,900 millones.
Nuestros países deben modificar estos tratados
para evitar abusos inaceptables.
Y usted, ¿Qué opina?
20/02/20
