Aunque siempre se puede decir que Odebrecht y comparsa ya encontró corrupción en nuestros países, (en la foto, Marcelo Odebrecht y su representante en Perú, Jorge Barata, en una de sus múltiples visitas al Palacio de Gobierno de Lima. Fuente: La mula) y aceptando incluso la posibilidad que el agente activo de la corrupción fuesen las clases políticas locales, Odebrecht creó un sistema completo para gestionar una corrupción que ha saqueado al Estado y en especial, al presupuesto para la infraestructura. Esto, aprovechando, en los últimos 15 años, con mas énfasis, los esquemas de Asociaciones Público Privadas y el hincapié neoliberal de achicar el Estado.(Ver posts del blog: 1, 2, 3 y 4)
El daño no son sólo las coimas que Odebrecht recargo a los presupuestos públicos. Ese es el daño menor, y los daños mas importantes fueron:
- Relegamiento de las obras de mayor eficiencia, porque no eran comvenientes por sus grandes montos y largo plazo a los intereses inmediatistas de los lobbies pro Odrebrecht. Por ejemplo, las grandes centrales hidroeléctricas, la recuperación de las ferrovías, etc.
- Postergación de los proyectos por el rechazo publico y la imposibilidad legal por mala negociación.
- La sobrevaloración de las obras concesionadas, que mayormente repercutieron en un desvío del presupuesto público para cumplir con los sobrecostos bajo el chantaje de parar las obras;
- Cesión del control de la infraestructura por 30 a mas años,
- Elevación de costos para los usuarios, a través del esquema de "ingresos garantizados" (por ejemplo, las tarifas eléctricas subieron para financiar el fracasado Gasoducto Sur Peruano);
- Mayores costes financieros de las APP, (14% versus el 6.5% si el Estado le pidiera prestado directamente al público).
- Multimillonarios pagos del Estado a las empresas APP por penalidades y contingencias, resultado de ineficiencias y contratos sesgados a favor de las empresas tipo Odebrecht;
- Daño irreparable al presupuesto de infraestructura, por los millonarios sobrecostos y penalidades,
- El recorte de las alas, financieras, al Estado, por los grandes sobrecostos aplicados, que compromete gravemente su capacidad de maniobra.
Según un artículo publicado por Gestión y reseñado en nuestro blog (ver aqui) Las obligaciones que el Estado deberá desembolsar entre este año y el 2019 por dichos contratos de APP ascienden a US$ 7,770.10 millones, el 70% del presupuesto para transporte de estos tres años.
Este esquema fué defendido a ultranza por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que sacrificó a varios ministros y un gabinete entero para mantener y renegociar los contratos de APP como el Aeropuerto de Chinchero y el Gasoducto Sur Peruano, a pesar de las opiniones contrarias de la Contraloría, sus Procuradoras, los expertos profesionales, el Congreso y los partidos políticos.
La alternativa es la obra publica por administración directa, clásica, o la realizada mediante iniciativa privada, como es el caso de la hidroeléctrica San Gabán III, donde la empresa Hydro Global, a diferencia de las APPs, busca directamente el financiamiento y no le pide "garantías" al Estado y menos, "garantizar" sus ingresos.
17.12.17
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