Duraderos y fatales efectos de la “austeridad presupuestal”

Como hemos señalado en anteriores, posts, un ejemplo  preciso de los efectos de la austeridad presupuestal  aplicada en nuestro país desde mediados de los años 70 son los US$ 19,000 millones de brecha en infraestructura sanitaria, que nos impide luchar contra la pandemia del COVID 19.

La austeridad fiscal comenzó aun antes de la primera carta de intención firmada por el gobierno peruano con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 1977. Esta  consiste en la reducción del gasto público, tanto en gasto corriente como de capital, para asegurar el pago de la deuda externa con los acreedores internacionales, destacadamente, los bancos de Nueva  York.

La principal justificante de la austeridad fiscal condicionada por el FMI para librar los préstamos que permitirían a un país agobiado importar bienes e insumos básicos y evitar caos y hambruna, era el “enfriamiento” de la economía para detener las espirales inflacionarias presentes en gran parte de la región (terapia de shock).

Es  ilustrativo repasar algunas medidas y consecuencias  de la austeridad fiscal, parte de las Cartas de Intención del FMI y con el apoyo del Banco Mundial:

        I.            Postergación, reducción, y cancelación de proyectos de infraestructura vitales, como Chavimochic, Olmos, Transvase del Mantaro, retrasados cerca de 40 años, y algunos cancelados definitivamente. Crucial fué la reducción de los componentes energéticos de proyectos hidráulicos, como Olmos, Chavimochic y Majes – Siguas.

      II.            Seccionamiento de grandes programas con el argumento falaz de “lo pequeño es hermoso”, con criterios que atomizaron aún más los sistemas sanitario y educativo. Se construyeron miles de postas médicas con el “enfoque  de salud preventiva”, mientras se abandonaba la construcción de hospitales especializados en ciudades medianas o grandes.

    III.            Atomización del presupuesto público por una regionalización erigida sin criterio técnico, que multiplicó después del 2000 el gasto corriente en perjuicio del gasto de capital;

    IV.            Reducción y precarización de la planilla de trabajadores públicos; a la par que se imbuía a la población en la supuesta bondad de la “economía informal” y el emprendedorismo voluntarista, en un país sin infraestructura ni demás condiciones.

      V.            Venta o concesión de empresas y servicios públicos,

    VI.            Destrucción del sistema pensionario solidario, aparejado a la creación de una deuda pública interna no reconocida con los trabajadores, aunado al desplome de la infraestructura sanitaria anexa;

  VII.            Sustitución de la construcción de infraestructura pública clásica por sistemas leoninos de concesionamiento como las Asociaciones Público – Privadas, APP, de tanto provecho para Odebrecht y cientos de empresas similares

Todo ello generó una inmensa brecha de infraestructura de US$ 160,000 millones.

Hoy, es posible  un programa rápido de construcción de infraestructura y producción industrial dirigista para superar 4 décadas perdidas. Y es más sencillo de lo que pensamos, si contribuimos además a delinear el contexto adecuado para una Nueva Ruta de la Seda global.

¿Tu, qué opinas, compatriota?

05 de Julio de 2020