Pese a que el Congreso, los gremios profesionales y hasta los partidos
políticos han pedido dejar de privilegiar
el esquema de Asociación Público Privada (APP) para la infraestructura nueva,
el gobierno de Peruanos Por el Kambio no
solo se niega: reincide.
Así, el Ejecutivo acaba de proponer ampliar el tiempo máximo de las
concesiones de 30 a 60 años, en el caso de los puertos. (Gestión, 28.11.17. En la imagen, el puerto de Ilo)
Además, se proponer la aprobación de los contratos de APP sin el visto bueno
del Ejecutivo, ni de las tristemente célebres “adendas”. Esto, obviamente, abre
la puerta para más despropósitos.
Esto es parte de una tendencia en el gobierno peruano actual, que lleva
ya más de un año intentando reflotar sin éxito el esquema APP, dañado
irremediablemente por los escándalos de Odebrecht y perdiendo ministros y
gabinetes en el proceso. ¿El costo? La
infraestructura más esperada – Gasoducto Sur Peruano y Aeropuerto de Chinchero
– han sido postergados largamente. Las obras mayores que han continuado han
sido previo abandono del esquema APP, pasado a la administración de obra
pública clásica, como es el caso del Tren de Cercanías Barranca – Ica y Majes
Siguas II.
Como hemos mostrado en otros posts (1, 2, 3), la cesión de derechos y potestades y los
sobrecostos fiscales son argumentos abrumadores contra la continuidad del
privilegio a las APP, esquema que pidió ser modificado por la Contraloría
General de la Republica.
ES importante señalar que el Estado peruano considera los puertos como
parte de la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional
Sudamericana, lo cual debe potenciar en el marco de la iniciativa una Franja,
una Ruta (Marítima) y los corredores ferroviarios bioceánicos.
29 de Noviembre de 2017
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