La tarea de infraestructura que toca al nuevo gobierno

La única manera que el nuevo gobierno peruano del presidente Martín Vizcarra pueda “relanzar” los vitales proyectos de inversión en infraestructura es hacer exactamente lo contrario de lo hecho por el renunciante ex presidente:  divorciarse de las Asociaciones Público – Privadas – APP - “cofinanciadas”, y recurrir a ejecutar los proyectos en especial como obra pública, o como APP autosostenibles.  

El Perú no puede soportar más que su vital presupuesto para infraestructura se arroje arbitrariamente a la burbuja financiera especulativa y a la corrupción abierta, como ha venido ocurriendo hasta hoy, y lo advirtió este blog (posts 1, 2, 3). No solo por el terrible daño económico, que puede alcanzar, conservadoramente, según el ex candidato presidencial Alfredo Barnechea al 50% del PBI del país de un año, sino que su impacto en la propia legitimidad del Estado es mayúscula, al arrinconar al Estado y su gobierno elegido a la desaparición práctica.  Según el ex candidato, el proyecto Olmos, siendo tremendamente útil y eficiente físicamente hablando, costo ¡4 veces su valor real! Odebrecht solo puso US$ 30 millones, y ahora está sacando, y por un total de 30 años, US$ 26 millones anuales solo por los pagos del agua utilizada.

En efecto, el esquema, auspiciado asimismo por el Banco Mundial, consistía en que el presupuesto estatal y la garantía del Estado le servía a estas empresas a levantar gran cantidad de fondos de los bancos y del público, y una vez ejecutada la obra, administraban las tarifas, usualmente sobrevaluadas. ¿Si algo salía mal y la empresa no ganaba?. ¡El Estado pagaba (ingresos garantizados)¡ ¿Si se atrasaban las obras? ¡El Estado pagaba! ¿Si no podía la empresa conseguir el financiamiento? ¡ El Estado lo conseguía o aportaba!.

Se calcula que en los proximos años el 70% del presupuesto de inversión en trasporte, por ejemplo, se irá en pagar reparaciones, intereses  y aportes por obras que se atrasaron.

Así, para destrabar los proyectos, el pais debe formular un Plan Nacional de infraestructura decente, con énfasis en las conexiones ferroviarias biocéanicas, que permita priorizar los proyectos y sacarlos de la arbitrariedad de Odebrecht y sus socios.

25.3.18