El Perú no
puede soportar más que su vital presupuesto para infraestructura se arroje
arbitrariamente a la burbuja financiera especulativa y a la corrupción abierta,
como ha venido ocurriendo hasta hoy, y lo advirtió este blog (posts 1, 2, 3). No solo por el terrible daño económico,
que puede alcanzar, conservadoramente, según el ex candidato presidencial
Alfredo Barnechea al 50% del PBI del país de un año, sino que su impacto en la
propia legitimidad del Estado es mayúscula, al arrinconar al Estado y su gobierno
elegido a la desaparición práctica. Según
el ex candidato, el proyecto Olmos, siendo tremendamente útil y eficiente físicamente
hablando, costo ¡4 veces su valor real! Odebrecht solo puso US$ 30 millones, y
ahora está sacando, y por un total de 30 años, US$ 26 millones anuales solo por
los pagos del agua utilizada.
En efecto, el esquema,
auspiciado asimismo por el Banco Mundial, consistía en que el presupuesto
estatal y la garantía del Estado le servía a estas empresas a levantar gran cantidad de fondos de los bancos y del público, y una vez ejecutada la obra,
administraban las tarifas, usualmente sobrevaluadas. ¿Si algo salía mal y la
empresa no ganaba?. ¡El Estado pagaba (ingresos garantizados)¡ ¿Si se atrasaban
las obras? ¡El Estado pagaba! ¿Si no podía la empresa conseguir el
financiamiento? ¡ El Estado lo conseguía o aportaba!.
Se calcula que en los
proximos años el 70% del presupuesto de inversión en trasporte, por ejemplo, se
irá en pagar reparaciones, intereses y
aportes por obras que se atrasaron.
Así, para destrabar los
proyectos, el pais debe formular un Plan Nacional de infraestructura decente, con énfasis en las conexiones ferroviarias biocéanicas, que permita priorizar los proyectos y sacarlos de la arbitrariedad de Odebrecht
y sus socios.
25.3.18
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