La inversión pública en Perú está en una trampa
mortal, y lo mismo podría estar ocurriendo en otros países de la región.
No ha podido
escapar del esquema corrompido de las Asociaciones público privadas (APP)“cofinanciadas”,
pero el Estado se demora en recurrir al
esquema clásico de la obra
pública.
Entretanto,
las constructoras
peruanas están amenazadas gravemente, sin solución por la falta de
confianza entre el Congreso y el Ejecutivo. Y el sistema relacionado de
concesiones privadas de la infraestructura hace agua en todo el país, con
protestas masivas contra los peajes administrados por los privados, o con la reversión
de las concesiones por incumplimiento de los privados, como el caso del agua
potable, en Tumbes, norte del Perú.
Lo único que
funciona es la obra pública directa,
como los proyectos Alto Piura, Majes Siguas II, y probablemente el Aeropuerto
de Chinchero; y las APP “autosostenbles” (financiadas completamente por los
privados) como los proyectos San Gaban II (por el consorcio chino portugués Hydro
Global), el puerto de San
Juan de Marcona (por el consorcio minero chino liderado por JinZhao
Mining), entre otros.
Entretanto,
los ingresos públicos están menguando por las amalas políticas presupuestales
aceleradas por el ex presidente PPK.
El presidente
Martin Vizcarra, al menos, ha identificado este último problema, y el proceso
de recurrir a la obra pública ya comenzó, pero aún no es óptimo. Toca formular
un Plan Nacional de Infraestructura en forma, que identifique, priorice y
garantice la infraestructura vital que el Perú merece, en beneficio asimismo de
la integración bioceánica
sub regional.
7.4.18
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