Manuel Hidalgo
El 21 de mayo de 2021, el Congreso aprobó la ley ( Nº 6486/2020- CR) que declara de interés nacional la
construcción de la carretera Pucallpa (Región Ucayali) – Cruzeiro do Sul (Estado
de Acre, Brasil), de 250 kilómetros, una demanda de muchos años de la región
Ucayali, y que ahora cuenta con el apoyo del gobierno brasileño. Una corta
compensación por la postergación indefinida de la Ferrovía Transcontinental Bioceánica
Brasil - Perú, con
financiamiento ofrecido por China. El gobierno regional de Ucayali ha promovido
desde hace muchos años este proyecto como una alternativa de desarrollo en una
región azotada por la pobreza, el desempleo, y por una gran mortandad en la
crisis COVID 19.
Sin embargo, increíblemente, el ministro del Ambiente Gabriel Quijandría señaló el 22 de junio que “Gobierno
peruano se opone a ruta con Brasil que amenaza reservas naturales” (cable EFE),
arguyendo que “puede incentivar la tala ilegal y el narcotráfico”, y ante la
insistencia del Congreso, el 26 de junio el presidente
Francisco Sagasti vetó la Ley. Quijandría se sintió apoyado en decir: “Si yo
no tengo claro qué tipo de desarrollo quiero lograr en un territorio y no tengo
claro cuáles son las características de ese territorio, probablemente se esté
planteando una infraestructura que no necesito”. Ucayali no piensa lo mismo.
La carretera proyectada
“atravesaría el Parque Nacional Sierra del Divisor, que se extiende a ambos
lados de la frontera entre Perú y Brasil, y también pasaría muy cerca de la
Reserva Indígena Isconahua y de la propuesta de Área de Conservación Regional
Alto Tamaya” (EFE, 22.6.21). Y es que el lobby ecologista radical, respaldado
por la WWF y Conservation International, ha usado a una miriada de ONGS de
presupuesto millonario en los últimos 60 años para establecer todo un sistema
de 158 áreas naturales de conservación (reservadas), al margen de la
explotación económica y la libre iniciativa de los peruanos, que ocupa un
16.93% del territorio nacional. Junto a ello, 40 años de desfinanciación de la
infraestructura clave: vial, energética e hidráulica.
Choque total. Por un lado, el
Congreso y el Gobierno Regional de Ucayali, y por el otro, el gobierno
accidental (no elegido) y las ONGs ultra ecologistas. Y es que pasamos de un
Estado comprometido con la promoción del desarrollo que manda la Constitución
(Artículo 44), a un Estado anti desarrollo con el argumento neo malthusiano
levemente encubierto de un ecologismo radical, tipo “Gran reseteo”. Y el resto de la infraestructura detenida 4
años por la insistencia del gobierno en el fallido esquema de Asociaciones
Publico – Privadas, APP, tan del gusto de Odebrecht.
El frenazo al desarrollo costará
al Perú cientos de miles de empleos, actuales y potenciales, en un país con más
del 70% de informalidad laboral y una brecha
de infraestructura de US$ 280,000 millones.
Estamos advertidos.
06/07/21
Si hay desarrollo hay progreso
ResponderEliminarAsi es.
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