Páginas

miércoles, 7 de julio de 2021

¿Estado desarrollista ... o anti desarrollo?

Manuel Hidalgo

El 21 de mayo de 2021, el Congreso aprobó la ley ( Nº 6486/2020- CR) que declara de interés nacional la construcción de la carretera Pucallpa (Región Ucayali) – Cruzeiro do Sul (Estado de Acre, Brasil), de 250 kilómetros, una demanda de muchos años de la región Ucayali, y que ahora cuenta con el apoyo del gobierno brasileño. Una corta compensación por la postergación indefinida de la Ferrovía Transcontinental Bioceánica Brasil - Perú, con financiamiento ofrecido por China. El gobierno regional de Ucayali ha promovido desde hace muchos años este proyecto como una alternativa de desarrollo en una región azotada por la pobreza, el desempleo, y por una gran mortandad en la crisis COVID 19.

Sin embargo, increíblemente, el ministro del Ambiente Gabriel Quijandría señaló el 22 de junio que “Gobierno peruano se opone a ruta con Brasil que amenaza reservas naturales” (cable EFE), arguyendo que “puede incentivar la tala ilegal y el narcotráfico”, y ante la insistencia del Congreso, el 26 de junio el presidente Francisco Sagasti vetó la Ley.   Quijandría se sintió apoyado en decir: “Si yo no tengo claro qué tipo de desarrollo quiero lograr en un territorio y no tengo claro cuáles son las características de ese territorio, probablemente se esté planteando una infraestructura que no necesito”. Ucayali no piensa lo mismo.

La carretera proyectada “atravesaría el Parque Nacional Sierra del Divisor, que se extiende a ambos lados de la frontera entre Perú y Brasil, y también pasaría muy cerca de la Reserva Indígena Isconahua y de la propuesta de Área de Conservación Regional Alto Tamaya” (EFE, 22.6.21). Y es que el lobby ecologista radical, respaldado por la WWF y Conservation International, ha usado a una miriada de ONGS de presupuesto millonario en los últimos 60 años para establecer todo un sistema de 158 áreas naturales de conservación (reservadas), al margen de la explotación económica y la libre iniciativa de los peruanos, que ocupa un 16.93% del territorio nacional. Junto a ello, 40 años de desfinanciación de la infraestructura clave: vial, energética e hidráulica.

Choque total. Por un lado, el Congreso y el Gobierno Regional de Ucayali, y por el otro, el gobierno accidental (no elegido) y las ONGs ultra ecologistas. Y es que pasamos de un Estado comprometido con la promoción del desarrollo que manda la Constitución (Artículo 44), a un Estado anti desarrollo con el argumento neo malthusiano levemente encubierto de un ecologismo radical, tipo “Gran reseteo”.  Y el resto de la infraestructura detenida 4 años por la insistencia del gobierno en el fallido esquema de Asociaciones Publico – Privadas, APP, tan del gusto de Odebrecht.

El frenazo al desarrollo costará al Perú cientos de miles de empleos, actuales y potenciales, en un país con más del 70% de informalidad laboral y una brecha de infraestructura de US$ 280,000 millones.

Estamos advertidos.

06/07/21

2 comentarios: