Confusión e Inmovilismo del gobierno amenaza postergar reconstrucción

Aunque muchos voceros del gobierno y la banca, entre otros, como Julio Velarde, presidente del Banco Central, aceptan por razones monetaristas la "utilidad" de la reconstrucción para "estimular la demanda", el gobierno no ha hecho aún ningún anuncio de fondo en firme sobre la misma, anunciando por el contrario que se tomará tres meses mas para evaluar los daños de la catástrofe del Niño costero. Sin embargo, no está claro cual es para el gobierno el orden del impacto y los fondos necesarios, ni de donde saldrán los fondos, ni el alcance de la reconstrucción. Claramente, no hay ninguna decisión de principio tomada.
Los ministros de Defensa y primer ministro tuvieron una diferencia pública, cuando el primero señaló que se requerirían entre US$ 12,000 y 15,000 millones para la reconstrucción, siendo desmentido abiertamente por el Primer ministro Alfredo Thorne (en la composición, aparece también Julio Velarde, presidente del Banco Central), un economista con experiencia como banquero. Otros voceros de la banca han dicho que US$ 3,000 serían suficientes, corrigiendo al mismo PPK, quien habló de US$ 9,000 millones, a desembolsarse en 3 años. Thorne ha solicitado permiso para aumentar el nivel de déficit fiscal, y se ha dicho que la reconstrucción se haría con el presupuesto público, entre otros recursos públicos (como el Fondos de Estabilización Fiscal), y créditos ad hoc del Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento.
Por su parte, Moody´s Investor Service (Gestión, 11.4.17) deslizó la amenaza que la calificación crediticia del Perú (A3 con perspectiva estable) sería degradada en julio, si el país decide financiar el déficit presupuestal que generaría la reconstrucción con deuda, aprovechando el buen crédito externo del país.  Siendo así, es claro que nos podemos olvidar de una reconstrucción en regla.
Entretanto, el gobierno está aferrado al esquema de Alianzas Publico Privado, enfrentándose con el Congreso, que no quiere dar el visto bueno dado el costo político de la corrupción que afecta a Odebrecht y otras empresas brasileñas que abusaron de este esquema.
12.4.17