A raíz de la crisis de los 80 y años siguientes, las finanzas públicas fueron desarticuladas permanentemente, para privilegiar la traumática “reinserción” del Perú a los mercados financieros internacionales. Los proyectos de infraestructura más importantes quedaron sin presupuesto, y los que continuaron tuvieron que cambiar drásticamente sus características, abandonando por ejemplo los aspectos energéticos
Hoy, solo algunos proyectos de irrigación, carreteras y algunos
ferrocarriles urbanos (en Lima) son atendidos por el presupuesto público, y a
cuentagotas.
Los mayores proyectos de infraestructura, a excepción de muy pocos (medianos
casi todos) gestionados por los gobiernos regionales, quedaron a merced de la “rentabilidad
esperada” y la “capacidad financiera” de empresas privadas, como aquellas del Club
de la construcción y otras de propiedad de fondos de riesgo internacionales. Estas
abusaron de las condiciones de las leoninas concesiones previstas en el
desprestigiado esquema de Asociaciones Público-Privadas, APP, de las cuales
hemos abundado en este blog (ver posts: 01, 02 ).
Muchos se preguntaron: ¿por qué insistir en las APP y no recurrir a la
administración directa de los proyectos de inversión más importantes? Esta
pregunta no ha sido aún respondida, pero las mentes de los compatriotas
encuentran respuesta en la codicia desmedida.
Pero lo más grave de todo ello es que cualquier concepto de priorización
estratégica para el desarrollo del país ha sido abandonado, bajo el argumento
que es la empresa privada la que debe decidir sobre que infraestructura se va a
construir, en base a los ingresos directos de corto plazo y de
preferencia garantizados por el Estado y “cofinanciados” que pueda
generar esa infraestructura. Eso descarta a los proyectos más estratégicos,
como la conexión bioceánica.
¿Y dónde queda el compromiso del Estado con el desarrollo del país, que
establece la Constitución Política del Perú? Y muy probablemente el esquema sea
similar en otros países de la región. Los últimos gobiernos han estado
incumpliendo flagrantemente la Constitución Política, provocando con su
inacción el desplome de la productividad del trabajo y del salario de los
peruanos, empujando a la inmigración a muchas generaciones de compatriotas,
como las que hoy viven en Europa, Estados Unidos, Japón y otros países. Y eso
pese a que la inversión extranjera y la demanda internacional para nuestros
productos, especialmente de China como locomotora del comercio mundial, ha sido
muy favorable para el Perú, sin lo cual el desplome de la economía física fuera
mucho mayor.
Con Reservas internacionales netas (RIN) por encima de los 70,000 millones
de dólares, el Perú ha sido incapaz de financiar proyectos como el de las
centrales hidroeléctricas, o la red ferroviaria con salida bioceánica, cuyo
importe anual sería mucho menor que la veinteava parte de esas reservas. Es más:
El Perú posee un Presupuesto público de alrededor de los 40,000 millones de
dólares, y posee aún una capacidad de endeudamiento internacional y local muy
importante, el cual nunca en los últimos años ha sido mencionado como una
fuente de financiación para los grandes proyectos que el Perú necesita.
Muchas de las supuestas decisiones sobre la infraestructura de mayor
alcance fueron dejadas a un organismo de tercer o cuarto orden, llamado PROINVERSIÓN,
que más pareció actuar como si su nombre fuese ANTI INVERSIÓN. Peor aún, dicho
organismo corre el riesgo de terminar siendo un anexo del Club de la
construcción y de los fondos de inversión o de riesgo especulativos.
Fue Alexander Hamilton quien estableció como primer secretario de Hacienda
de los Estados Unidos el compromiso del Estado en la infraestructura, utilizando
la capacidad el Tesoro Público de entonces de emitir billetes que se dirigían
primariamente a la construcción de esta infraestructura, esquema que resultó
ser el modelo para toda nación que construyó sus corredores económicos, cómo
son los ejemplos recientes De China entre otros países en la historia.
Manuel Hidalgo Tupia
15/08/22
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