La inversión privada en infraestructura es buena, siempre que complemente a la inversión pública. Salvo excepciones de una crisis fiscal temporal, nunca podrá reemplazarla.
El Estado es el responsable de la infraestructura, desde el punto de vista histórico y constitucional. Este principio lo estableció conceptualmente mucho mejor el primer secretario de Hacienda de los Estados Unidos, Alexander Hamilton (1757 – 1804), conspicuo seguidor de las ideas económicas de Juan Bautista Colbert (1619-1683), primer ministro de Francia.
El ennoblecimiento del territorio, a través
de carreteras, canales, puertos y posteriormente ferrocarriles, era uno de los
principales objetivos del Estado; y fueron precisamente los gobiernos federal y
estatales en el país del norte los responsables de obras tan transformadoras
como el canal del Erie, y el Ferrocarril Transcontinental de Estados Unidos. Recomiendo
fuertemente
leer las obras de Hamilton traducidas al castellano disponibles en la red.
Lo importante es que la prioridad entre los proyectos de
infraestructura la debe fijar el Estado, en un Plan Nacional de infraestructura
elaborado científicamente.¿Que infraestructura aumenta mas la productividad?. La infraestructura priorizada se debe ejecutar
como inversión pública, directamente administrada, y con contratos establecidos
directamente por el Estado. En el país del norte, mucha infraestructura fué
construida por los batallones de ingeniería militar.
Hasta este punto, no se nota ningún conflicto entre la inversión en
infraestructura, pública y privada.
El problema surge cuando se deja la infraestructura prioritaria al arbitrio
de los inversionistas privados, que deberán encontrar en dicha infraestructura
una rentabilidad para ellos de corto plazo. Si los privados no ven
“rentable”monetariamente un proyecto, este nunca se hará, por mas prioritario
que sea. Ahí aparece la primera contradicción: hay aspectos de la economía que de ninguna
manera pueden ser objeto de rentismo, sino que constituyen bienes públicos,
que al establecer sobre ellos una renta cortoplacista generan una ineficiencia en toda la cadena
productiva. Es por eso que en los Estados Unidos, en el pasado, buena parte de la infraestructura era
administrada por los gobiernos federal y estatales, como facilities, que
no eran empresas buscadoras de renta, sino que se limitaban al servir al
público en general, con tarifas apropiadas y bajas. Asimismo, aún en los casos
en los cuales se permitía a la inversión privada gestionando infraestructura
básica, esta era estrictamente regulada por el Estado, de tal manera que se
mantenía la eficiencia evitando generar sobrecostos innecesarios que gravasen
toda la economía en su conjunto.
Pero a partir de la revolución neoconservadora y ultraliberal de Margaret Thatcher
y la Sociedad Mont Pelerin, se comenzó a desmontar la regulación de los
servicios públicos, y se abrió la puerta al rentismo abierto en sectores
cruciales para la economía como era la energía, el transporte, la provisión de
agua para uso residencial e industrial y agrícola, etc. Aún cuando la
regulación en estos sectores se mantuvo, la lógica era disminuirla cada vez más.
Con el predominio de ideas aún más extremistas, como las de Hayek o Mises, qué establecian que la
presencia del Estado en la economía era el enemigo a destruir, la distorsión en
las políticas públicas se acentúa.
La inversión privada en infraestructura para proyectos prioritarios, como
ferrocarriles, obras hidráulicas y de energía, que tienen presupuesto público, en
muchos casos se han gestionado de una manera lamentable, a través de las
llamadas Asociaciones Público-Privadas, APP, (ver posts) modalidad propuesta por los
organismos financieros internacionales, cuyo marco ha sido cuestionado por la
propia Contraloría. Como
lo atestigua los casos “Odebrecht” y “Club de la Construcción”, estos
mecanismos han tenido como resultado la paralización sine die de muchísimos proyectos de infraestructura, con su consecuencia de acentuación de la
recesión y la práctica inacción del Estado, que así pierde cualquier mecanismo
de acción en la economía.
Como lo hemos demostrado ya en muchos posts anteriores, las APP en muchos casos terminaron disponiendo de los
fondos públicos, cuando no obtenían la financiación privada que prometían, y Asimismo
a través de contratos leoninos aseguraban que buena parte de ese presupuesto
público terminase como compensaciones a las empresas constructoras o
contratantes, que no solamente incumplían con la construcción de la
infraestructura, sino que lograba gracias a estos procedimientos írritos,
obtener grandes cantidades en ecceso del Tesoro Público, gracias no a la construcción sino a los
abogados. Asimismo, los costos de las Addendas que incrementaban los presupuestos iniciales, las
contingencias y garantías han sido gravemente perjudiciales para
el Presupuesto público.
El resultado final ha sido grandes proyectos como Majes Siguas, Olmos II
Etapa, Chavimochic III Etapa, Alto Piura, Chinecas, Gasoducto Surperuano, entre
otros, cancelados o postergados sine die.
La alternativa de los últimos gobiernos fué ceder la administración de
algunos proyectos importantes en convenio de gobierno a gobierno, con Francia e
Inglaterra por ejemplo, si bien pueden ser una solución pragmática, sin embargo,
desde el punto de vista de la soberanía nacional, representa un grave riesgo de
una gestión inconveniente al interés del Perú.
La demanda de infraestructura en el Perú será cada vez mayor en razón del
desarrollo en especial del megapuerto de Chancay, que se traducirá en una
demanda de nuevos proyectos de energía, de transporte ferroviario y carretero
que deberá incrementar en forma decisiva la productividad de las empresas y el
trabajo del Perú.
Manuel Hidalgo Tupia
7 de noviembre de 2023
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