PPK se aferra a las APP .... inversión pública retrocede ...

Con la postergación hasta fines de 2018 del Gasoducto Sur Peruano, no existe ninguna posibilidad de la recuperación de la inversión en infraestructura durante el presente año. A excepción de los proyectos ejecutados como obra pública, y a pesar de la finta de pasar el Aeropuerto de Chinchero  de  Asociación Publico - Privada (APP) a la modalidad clásica de obra pública, la política del gobierno ha sido similar a la del perro del hortelano, con un mayúsculo perjuicio a las posibilidades económicas de un país alejado de las cadenas productivas globales.
El articulo de Alejandro Fontana, de la Universidad de Piura, en el diario Gestion (10.11.17), titulado "Es conveniente implementar una APP mas?", muestra datos contundentes sobre el esquema implantado desde 2003:
El estado peruano, con falta de transparencia, ha cedido derechos y potestades en estas renegociaciones (con las concesionarias de las APP)
En varios proyectos ... se estableció un periodo especial anterior al inicio de las actividades por el que el concedente (el Estado) acepto gastos adicionales,
Varios proyectos fueron exonerados de las evaluaciones económicas, (por ejemplo, IIRSA Sur se aprobó sólo con un estudio de prefactibilidad)
El impacto de las contingencias relacionadas a las APP en infraestructura vial para el año 2017 ascienden a US$ 2,849.60 millones (el 66.53% del presupuesto nacional para transporte este año),
Las obligaciones que el Estado deberá desembolsar entre este año y el 2019  por dichos contratos de APP ascienden a US$ 7,770.10 millones, el 70% del presupuesto para transporte de estos tres años.
El costo de capital también se ha elevado. Para las APP, este costo es de 14%, mientras que el costo de la deuda pública fué de 6.16% en 2016.
El costo de la construcción también se ha incrementado respecto al valor referencial en la licitación.
Así, los costos de construcción fueron, en relación con el valor referencial:

• Corredor Vial IIRSA Sur, tramo IV, 274.35% 
• Corredor Vial IIRSA Sur, tramo II, 263.99% 
• IIRSA Norte,                              256.35% 
• Corredor Vial IIRSA Sur,  tramo III, 175.46%

A usted, ¿ que le parece?

23.11.17

PPK se aferra a las APP, Vizcarra renuncia, infraestructura se retrasa

Significativamente, horas antes que la Contraloría General publicase sus observaciones sobre el sumamente cuestionado Contrato para la construcción del aeropuerto de Chichero, bajo el esquema Alianza Público – Privada , APP, y cuando la opinión del Congreso era culminar el proceso de su censura (ver entrada anterior), el ministro de Transporte y Vicepresidente Martín Vizcarra renunció al ministerio, no sin antes anular el contrato de Chinchero. Es el mismo Vizcarra cuyo ministerio inexplicablemente encarpetó el estudio de viabilidad realizado por la empresa china CREEC para el proyecto Ferrocarril Transcontinental bioceanico Brasil Perú, FETAB. 

10 meses después de inaugurado el gobierno aprobó recién su primer contrato efectivo nuevo para infraestructura bajo el esquema APP: la línea de transmisión Pucallpa –Aguaytia, una obra comparativamente menor. Obras mayores, como el Gasoducto Sur Peruano, se han suspendido. Pero el grueso de las obras que el país espera están paralizadas, porque PPK, apoyado por la cúpula empresarial CONFIEP, apostó todo a las APP, renunciando a trabajar proyectos como obras publicas de administración directa. El esquema APP, lamentablemente, es visto por todo el Perú como propiciador de la corrupción, como se verificó con las APP de Odebrecht. Pero los voceros del gobierno decían que, todo lo contrario, las obras públicas eran las más propicias a la corrupción. Resultado: proyectos paralizados. La Contraloría y el Congreso han realizado cambios en las normas de las APP, pero eso no ha ayudado a levantar los proyectos. 

Por lo demás, el líder de la eléctrica Luz del Sur acaba de exigir al gobierno que no promocione ni subsidie más proyectos de generación eléctrica, con el argumento que existe sobreoferta (¿); peligrosamente el ministro de Energía y Minas repite el mismo mantra, … pese al ínfimo consumo per cápita del peruano, que ya demostramos en este blog.

Esta carencia de direccionamiento del Estado se está cubriendo muy parcialmente por la proactividad de las empresas mineras y eléctricas chinas en Perú que están optando por las Alianzas Público privadas para proyectos portuarios (caso Puerto de San Juan de Marcona) y energéticos (San Gabán III) 

Pero la postergación de la infraestructura es imperdonable
22-5-17

Millonarias reservas del gasto público para contingencias por contratos APP tipo Odebrecht

Se confirman las advertencias dadas desde este blog, (ver post  al respecto: 01, 02 y 03) sobre el desastre causado por la mala aplicación de los contratos de Asociaciones Público Privadas (APP) como modalidad priorizada y casi exclusiva para las mayoría de la infraestructura mayor en el Perú. 

El propio gobierno peruano señala, según Gestión (27.8.18) que las contingencias fiscales al cierre de 2017 son el 9.8% del PBI, hasta S/. 69,193.9 millones, (mas de US$ 20,000 millones), conforme el propio Marco Macroeconómico Multianual, las contingencias incluyen procesos judiciales, administrativos y arbitrajes nacionales, y controversias internacionales.

Estas son resultado de los leoninos contratos respecto a las APP, que franquean a las empresas contratantes  compensaciones por incumplimiento de los trámites públicos (permisos, expropiaciones, por ejemplo)  para franquear los proyectos, por los ingresos garantizados, etc. 

Esto no incluye las inversiones públicas en los proyectos de infraestructura bajo las APP. 

Lo mas probable es que la mayor parte del presupuesto de infraestructura se destine ahora, no a construir ferrocarriles y carreteras, sino  a pagar indemizaciones a las empresas privadas por los contratos firmados por funcionarios públicos sobornados. ¡El colmo! 

Pese a que las APP han comprometido totalmente el presupuesto público en infraestructura, y el Congreso las ha cuestionado frontalmente, el apoyo mediático, de parte de la cúpula empresarial y de la tendencia dominante del Ejecutivo a las APP es cerrado, lo cual ha contribuido al detenimiento casi total de los proyectos de infraestructura (en la foto, material para el proyecto del Gasoducto Sur Peruano por Odebrecht, actualmente suspendido sine die). 

¿Hasta cuando?

28.8.18

Gobierno pasa Tren de Cercanías de Inversión autosostenible a APP “cofinanciada”….¿Porqué?

Luego que PROINVERSION , dirigida por Guillermo Ñecco, “descalificó” a  la segunda ferroviaria del mundo, China Railways, único postor del proyecto Ferrocarril Lima – Ica, por, se dijo,  razones “técnicas” y “financieras”, y después del cuestionamiento del ex presidente regional de Ica, Fernando Cilloniz, el gobierno peruano anunció a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones , MTC, que el proyecto pasaba a ser de una Inversión  autosostenible a una  Asociación Publico Privada - APP -  “cofinanciada”.

Una contradicción total.

Pues el sistema de las APP tenía como una de sus banderas reducir el gasto publico promoviendo que las empresas privadas aporten o gestionen el financiamiento del caso, lo que se daba en la Inversión autosostenible.

Por su parte, la segunda alternativa eran las APP “cofinanciadas”, en las cuales el Estado debía aportar tanto presupuesto público como garantías, y someterse a complicados contratos, en las cuales las famosas addendas, además de los incrementos de costos, los arbitrajes, compensaciones, contingencias  y demás cargas onerosas millonarias hacían estos convenios sumamente engorrosos y complicados de gestionar, con severa perdida para el Estado. (Ver post del blog al respecto: 01. 02, 03, 04)

El Estado financia y luego cede por un tiempo – 20 a 30 años – la infraestructura, hecho que muchos han señalado que es inequitativo para la ciudadanía, que deberá pagar tarifas privadas después que el Estado cofinanció la infraestructura.

En las APP “cofinanciadas”, el riesgo de corrupción se dispara, como lo atestiguan los casos más grandes: Gasoducto del Sur, Interoceánica, etc.

Las APP cofinanciadas se dan en el caso que la demanda del proyecto no compensa al inversionista. ¿Este es el caso de un Ferrocarril que une la capital de la República con la importante ciudad de Ica?

Por lo tanto, la medida anunciada está afectando la capacidad del Estado de financiar más infraestructura y aumento el riesgo de corrupción, en el contexto de una severa crisis institucional y la caída de la inversión pública y privada.

Gestión señala (25.09.19) que una de las empresas que adquirió las bases para el estudio de ingeniería en el nuevo proceso de cofinanciamiento fue una empresa ligada anteriormente a Odebrecht.

Usted: ¿Qué opina?

07 de Octubre de 2019

Contraloria plantea que se revise ley de las APP y concesiones

Coincidiendo en lo que ha planteado este blog al respecto, sobre que las APP están retrasando la construcción de infraestructura y que se requiere un nuevo esquema de financiamiento, y en el contexto del destape de los sobornos de Odebrecht al ex presidente Alejandro Toledo y otros casos,  la Contraloría plantea que se revise ley de las APP (Asociaciones publico - privadas) y concesiones. Ademas de reclamar mayor supervision de los contratos de asociacion publico - privada , la Contraloría (Gestión, 23.2.17), en la voz del Contralor General Edgar Alarcon, respondió así al respecto a dicho diario:

"Gestión: En conclusión, ¿los consorcios empresariales han encontrado la forma para sacar ventajas y obtener ganancias ilícitas?

"Alarcón: Hay un modus operandi, pero nosotros no lo identificamos ni lo podemos identificar porque no es nuestra función ...

"Gestión: ¿Como se puede evitar que se obtengan esas ventajas?

"Alarcón: (....) yo creo que debemos revisar el marco legal en el cual se rigen las concesiones y las APP. El marco legal actual le permite y le da mucha liberalidad al concesionario, al consorcio al que se le dá este tipo de contrato.

"Gestión: ¿Usted es de la idea de poner restricciones o límites a las adendas (a los contratos)?

"Alarcón: Se les podría poner un tope, pero la base de todo es el expediente técnico... "

Se puede inferir que ... es el propio marco de las APP el que ha dado lugar a los males ahora evidentes.

Asimismo, el ex ministro de Economía, Manuel Romero Caro, señaló en el diario Gestión, (10 y 14.2.17) los graves errores de las APP, desde su vulnerabilidad a la corrupción (incluyendo financiamiento de las campañas políticas, como se demostró en el caso Odebretch); aseguramiento de los ingresos de las concesionarias cargando a la población con mayores contribuciones y tarifas, asunción de parte del Estado de una parte cada vez mayor del financiamiento, gastos y avales, sobrecargo de costos financieros, postergación de los proyectos cruciales para el país que que no presentan la "rentabilidad" esperada por las concesionarias,  etc.
El Estado "delegó" la construcción de infraestructura a las asociaciones público - privadas .... y el pais ha pagado el costo de la corrupción, mayor gasto público, postergación de las obras vitales ... ¡justo lo que el Banco -Mundial decia que se iba a evitar!.

(23.02.17)

APP “cofinanciadas”: negocio redondo……

Si. Como lo escucha. Pero una Alianza Público – Privada – APP --  no es un negocio redondo para el país: todo lo contrario. Lo es para algunas empresas constructoras (se habla de un Club de la Construcción), sus financistas, sus lobistas, sus abogados, árbitros y medios de comunicación allegados, toda una organización íntegra.

Como ya lo hemos sostenidos muchas veces en el blog (ver  posts: 01, 02, 03 y 04) la decisión del gobierno de continuar con las APP “cofinanciadas” ya iniciadas y seguir promoviendo este esquema ha desconfigurado el sistema de inversiones públicas, con una caída drástica de dicha  inversión, y con una caída mucho peor del avance de la obra física. El emblemático caso del Gasoducto Sur Peruano, 4 años paralizado, viene a mientes.

La otra modalidad de APP, llamadas autosostenidas, tiene también serios inconvenientes, que comparten las “cofinanciadas”,  en especial, el trasladar a la población civil los costos y el lucro mediante altas tarifas muy por encima de los pares de la región (por ejemplo, peajes, tarifas de servicios, etc.). Pero las APP autosostenidas se financian solas, sin cargar el presupuesto público.

Las APP “cofinanciadas” tienen la desventaja que son prácticamente financiadas en su casi totalidad por el Estado, que entrega a cambio de casi nada una concesión por 20 o 30 años a los privados por una infraestructura construidas por el erario público.

Aquí hay una seria ruptura del “pacto social”: los ciudadanos tributamos a cambio de que construya infraestructura: ¿Por qué pagar nuevamente una tarifa por una infraestructura concesionada?

Los desembolsos del Estrado se producen, pero el avance de obras no, registrándose pagos millonarios en penalidades y compensaciones, ampliaciones presupuestales sospechosas de sobrecostos fraudulentos de hasta 174% adicional , que es el verdadero negocio para estas empresas.

De momento, la situación se encubre por las masivas inversiones extranjeras y la mayor demanda internacional. Pero el costo para las generaciones futuras es incalculable. Debemos regresar a la obra pública clásica ...¡ya!

13 de Mayo de 2019

Infraestructura paralizada, pero se intenta ampliar a 60 años las concesiones portuarias

Pese a que el Congreso, los gremios profesionales y hasta los partidos políticos  han pedido dejar de privilegiar el esquema de Asociación Público Privada (APP) para la infraestructura nueva, el gobierno de Peruanos Por  el Kambio no solo se niega: reincide.

Así, el Ejecutivo acaba de proponer ampliar el tiempo máximo de las concesiones de 30 a 60 años, en el caso de los puertos. (Gestión, 28.11.17. En la imagen, el puerto de Ilo) Además, se proponer la aprobación de los contratos de APP sin el visto bueno del Ejecutivo, ni de las tristemente célebres “adendas”. Esto, obviamente, abre la puerta para más despropósitos.

Esto es parte de una tendencia en el gobierno peruano actual, que lleva ya más de un año intentando reflotar sin éxito el esquema APP, dañado irremediablemente por los escándalos de Odebrecht y perdiendo ministros y gabinetes en el proceso. ¿El costo?  La infraestructura más esperada – Gasoducto Sur Peruano y Aeropuerto de Chinchero – han sido postergados largamente. Las obras mayores que han continuado han sido previo abandono del esquema APP, pasado a la administración de obra pública clásica, como es el caso del Tren de Cercanías Barranca – Ica y Majes Siguas II.

Como hemos mostrado en otros posts (1, 2, 3), la cesión de derechos y potestades y los sobrecostos fiscales son argumentos abrumadores contra la continuidad del privilegio a las APP, esquema que pidió ser modificado por la Contraloría General de la Republica.

ES importante señalar que el Estado peruano considera los puertos como parte de la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, lo cual debe potenciar en el marco de la iniciativa una Franja, una Ruta (Marítima) y los corredores ferroviarios bioceánicos.

29 de Noviembre de 2017

Grueso de Infraestructura, a obra pública

Aún sin recuperarse del desastre causado por Odebrecht y otras empresas bajo las Alianzas Público - Privadas, APP, en los anteriores gobiernos, PPK se mueve lentamente y con desgano a la administración de algunos de los principales proyectos - como el Tren de Cercanías - como obra pública, manteniéndose otros bajo el esquema APP, como el caso del Gasoducto Sur Peruano. El lobby de las APP sigue fuerte, pese a que líderes políticos, congresales y profesionales insisten en que la notoria inconveniencia de las APP hacen necesario regresar al esquema clásico de obra pública (ver otros post del blog: 1, 2 y 3).

El Estado estuvo cediendo el control de la infraestructura y sus beneficios por 30 años a las empresas privadas concesionarias, cubriendo hasta el 90% de la inversión, en algunos casos, o trasladando los sobrecostos a la población, vía tarifas, como en la mayoría de las obras de energía y carreteras.

¿Y el presupuesto público? Además de cubrir gastos corrientes (planillas estatales), proyectos pequeños no estratégicos y gastos financieros, está viviendo hoy una vorágine de nuevo endeudamiento, pagando gruesas comisiones a los bancos internacionales.

En general, los proyectos se han atrasado entre 10 y 20 años, mientras el Estado esperaba pacientemente que el potencial concesionario privado determinase si un proyecto era para el "rentable", y, después de eso, lograr el financiamiento de la banca internacional, para continuar con la retahila de "addendas" y arbitrajes. Mientras tanto, la población beneficiaria, totalmente postergada. Y en muchos casos, como el caso de Olmos, los resultados fueron de una mucha mayor concentración de los recursos en pocas manos, acelerando la inequidad, todo lo contrario a los objetivos del Estado.

Como en el caso del nuevo puerto de San Juan de Marcona, promovido por las mineras de hierro y cobre chinas, el esquema APP puede ser beneficioso en algunos casos, pero solo como complemento a la acción del Estado, que debe garantizar que los proyectos vitales se construyan, si o si, sin depender de si el potencial concesionario privado encuentra rentabilidad a corto plazo. 

Vale.

4.10.17

Gobierno enfrenta ola de protestas por concesiones bajo las APP

Se ha acelerado una situación que lleva ya varios años: la oposición de la población a los incrementos de las tarifas en las concesiones de infraestructura vía Asociación Público – Privado (APP), en especial,  en transportes y agua y saneamiento.

El 24 de abril, el Consejo Nacional de Transporte Terrestre organizó una huelga de trasportistas, en protestas por altos peajes y el pobre mantenimiento de las vías,  y obligaron al gobierno a revisar el sistema tarifario;  lo que se suma a la suspensión de instalación de nuevas casetas de peajes en la Carretera Central, antecedidas por protestas en varios puntos del país (en la imagen, los pobladores de Puente Piedra, en Lima, en enero de 2018, protestaron por nuevos cobros de peajes para los pobladores).

El gobierno debió paralizar el incremento de las tarifas de agua potable en Moquegua, solicitada por la concesionaria, además de anunciar su intención de revertir la concesión del agua potable en la ciudad de Tumbes, por serios incumplimientos de los servicios.

La cúpula empresarial  CONFIEP. Respondiendo a las concesionarias y al sector bancario relacionado, han criticado la “marcha atrás” del gobierno, aduciendo que por ejemplo, las concesiones en carreteras deben alcanzar el 100% de las vías nacionales (principales)

Pero no es el único traspiés del sistema de las APP “cofinanciadas”. En el caso de las proyectos de infraestructura  nuevos grandes, como el Tren de Cercanías de Barranca – Ica, los proyectos de irrigación como –Alto Piura y Majes Siguas II, y el Aeropuerto de Chinchero y otros, el gobierno ha virado hacia la obra pública directamente administrada, descartando las APP “cofinanciadas”.

El límite más preocupante para el Estado es que los ingresos fiscales se han reducido gracias a las exoneraciones tributarias ampliadas por PPK, mientras que la deuda se ha acelerado, en medio de los sobrecostes causados por el mismo sistema perverso de las APP “cofinanciadas”, de las que ya hemos hablado (ver posts: 1, 2, 3, 4  y 5 ).

28.4.18

Demanda por infraestructura crece… ¿despertará el gobierno a tiempo?

Según el flamante ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, los proyectos de infraestructura avanzan en su aspecto formal, bajo, se puede colegir, el esquema de las Alianzas Publico Privadas, APP. Proyectos como el Tren de Cercanías Huacho – Lima - Ica,  por ejemplo, dijo Giuffra,(ver Gestión) tiene ya tres empresas internacionales  interesadas, mientras que otros proyectos importantes, como el Túnel Trasandino ferroviario ya está en su etapa previa a su concurso, asimismo, el proyecto alternativo de Carretera Central. El caso de la Hidrovía Amazónica, (ver en blog) proyecto pospuesto muchas veces, pero que pasará a calificarse por el Congreso de interés Nacional. Otro caso mencionado es el Gasoducto Trasandino, y, además, el Aeropuerto de Chinchero, en el cual, el gobierno se encuentra en la disyuntiva: seguir con el cuestionado esquema Alianza Público – Privada o, continuar con la administración directa, como se está haciendo ahora al romperse el contrato de la concesionaria original Kuntur Wasi. Asimismo, existen otros proyectos ya avanzados, y otros que, como el nuevo Puerto de San Juan de Marcona, propuesta por las mineras chinas, que se ejecutarán según el esquema APP.

Por su parte, la viceministra de Economía Claudia Cooper sostuvo que el gobierno espera adjudicar 20 proyectos de APP y Obras por Impuestos por US$ 2,712 millones, y en 2018  21 proyectos por US$ 11,814 millones.

Hay tres preguntas clave al respecto:

•  ¿Se esperará que los proyectos clave se realicen mediante el esquema APP? A sabiendas que este esquema no garantiza de ninguna manera la realización de los mismos, y plantean sobre costos financieros que asume toda la nación.
•   En caso afirmativo: ¿qué hará el gobierno si la oposición pública a las APP incremente y merme su margen de gobernabilidad?
• ¿Insistirá el gobierno en desestimar el proyecto clave para el Perú y en el interés de China, el Ferrocarril Bioceánico Brasil Perú (FETAB)?

Insistimos: solo los métodos de banca hamiltoniana puede franquear al Perú el acceso pleno y oportuno al financiamiento adecuado para la infraestructura necesaria.

21-6-17

La tenaza contra el desarrollo y la infraestructura ....

Ya esta demostrado el modus operandi del esquema:

Primer acto: El BM - FMI promociona las Asociaciones Publico Privadas y desalienta el financiamiento propio y la destinación del presupuesto publico para la infraestructura como obra por administración directa. Condiciona el financiamiento a que sea mediante APP. 

Segundo Acto: Los lobbys y los funcionarios con aspiraciones generan proyectos para las APP, con condiciones leoninas para las concesionarias tipo Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez: Concesiones a 25 a mas años, Ingresos garantizados, garantía publica para el financiamiento, pago de reparaciones y contingencias por parte del Estado, tarifas elevadas. 

Tercer acto: Infraestructura mayor postergada; sobre costos financieros asumidos por el Estado, el Estado cubre el financiamiento adicional, millonarios pagos de reparaciones y contingencias, sacrificio del presupuesto de infraestructura (ver post). El impacto de las contingencias relacionadas a las APP en infraestructura vial para el año 2017 ascienden a US$ 2,849.60 millones (el 66.53% del presupuesto nacional para transporte este año); las obligaciones que el Estado deberá desembolsar entre este año y el 2019 por dichos contratos de APP ascienden a US$ 7,770.10 millones, el 70% del presupuesto para transporte de estos tres años
Acto final: megaproyectos, como el Gasoducto Sur Peruano, Petroquímica, IIRSA, Chinchero, Olmos, etc., reducidos o postergados ....
En el siguiente link, un ex candidato residencial Alfredo Barnechea explica cuales son las perdidas para el Perú de los negociados de los últimos 15 años; cuyos  daños directos llegan a un tercio del PBI peruano, es decir, unos US$ 65,000 millones. 

¡Ni una sola APP más!. ¡Obra pública con cooperación gobierno a gobierno  con China y otros países amigos!

29.12.17

Gobierno insiste en las APP, inversión pública se desploma

El Congreso peruano la semana que pasó denegó la autorización para continuar con varios proyectos de inversión bajo la modalidad de Asociación Püblico - Privada, APP, con lo cuál, por insistencia del gobierno, varios proyectos corren el riesgo de paralización.

El Congreso (en la imagen, el primer ministro Cesar Villanueva cuando recibio el paoyo del Congreso a su investidura) rechazó aprobar la garantía estatal prevista para 2019, para las empresas concesionarias que están levantando capital para la continuación de las obras de infraestructura, como Chavimochic y Majes Siguas II, con lo cual, según Gestión, (14.11.18) se pone en riesgo la continuidad de los proyectos mencionados. Las garantias solicitadas son por US$ 900 millones para los tres proyectos mas grandes. Congresistas de Fuerza Popular, Nuevo Perú y Frente Amplio se opusieron a la medida por los graves cuestionamientos a las APP surgidas a raiz del escándalo Lava Jato, y que no han sido atendidas por el gobierno. 

Pero quizá la falla mas grave del gobierno es haber sido incapaz de mover proyectos paralizados ya, como el Aeropuerto de Chinchero y el Gasoducto Sur Peruano, cediendo al lobby de la construcción,  que está defendiendo el fallido esquema de inversión via APP. De esto, este blog ha advertido hace muchos meses. (Ver tambien aquí)

A todo ello se suman las dificultades en los proyectos en ejecución, y la demora de los nuevos proyectos, ante la incertidumbre por el tratamiento judicial y politico de la corrupción en los proyectos con el caso Lava Jato. 

En el tercer trimestre del año, la inversión pública se ha desplomado en -3.1%, segun cifras de INEI, mientras que la inversión total creció solo 0.5%, gracias a la inversión privada (Gestión, 22.11.18). Los principales organismos económicos estan rebajando sus pronósticos de crecimiento para el presente y próximo años. 

22.11.18 

Lo que le hizo Odebrecht y su comparsa a la inversión pública en infraestructura . . . .

Aunque siempre se puede decir que Odebrecht y comparsa ya encontró corrupción en nuestros países, (en la foto, Marcelo Odebrecht y su representante en Perú, Jorge Barata, en una de sus múltiples visitas al Palacio de Gobierno de Lima. Fuente: La mula)  y aceptando incluso la posibilidad que el agente activo de la corrupción fuesen las clases políticas locales, Odebrecht creó un sistema completo para gestionar una corrupción que ha saqueado al Estado y en especial, al presupuesto para la infraestructura. Esto, aprovechando, en los últimos 15 años, con mas énfasis,  los esquemas de Asociaciones Público Privadas y el hincapié neoliberal de achicar el Estado.(Ver posts del blog:  1,  2,  3     y  4) 

El daño no son sólo las coimas que Odebrecht recargo a los presupuestos públicos. Ese es el daño menor, y los daños mas importantes fueron: 

• Relegamiento de las obras de mayor eficiencia, porque no eran comvenientes por sus grandes montos y largo plazo a los intereses inmediatistas de los lobbies pro Odrebrecht. Por ejemplo, las grandes centrales hidroeléctricas, la recuperación de las ferrovías,  etc.
• Postergación de los proyectos por el rechazo publico y la imposibilidad legal por mala negociación. 
• La sobrevaloración de las obras concesionadas, que mayormente repercutieron en un desvío del presupuesto público para cumplir con los sobrecostos bajo el chantaje de parar las obras; 
• Cesión del control de la infraestructura por 30 a mas años, 
• Elevación de costos para los usuarios, a través del esquema de "ingresos garantizados" (por ejemplo, las tarifas eléctricas subieron para financiar el fracasado Gasoducto Sur Peruano);
• Mayores costes financieros de las APP, (14% versus el 6.5% si el Estado le pidiera prestado directamente al público).
• Multimillonarios pagos del Estado a las empresas APP por penalidades y contingencias, resultado de ineficiencias y contratos sesgados a favor de las empresas tipo Odebrecht; 
• Daño irreparable al presupuesto de infraestructura, por los millonarios sobrecostos y penalidades, 
• El recorte de las alas, financieras, al Estado, por los grandes sobrecostos aplicados, que compromete gravemente su capacidad de maniobra.

Según un artículo publicado por Gestión y reseñado en nuestro blog (ver aqui) Las obligaciones que el Estado deberá desembolsar entre este año y el 2019  por dichos contratos de APP ascienden a US$ 7,770.10 millones, el 70% del presupuesto para transporte de estos tres años.

Este esquema fué defendido a ultranza por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que sacrificó a varios ministros y un gabinete entero para mantener y renegociar los contratos de APP como el Aeropuerto de Chinchero y el Gasoducto Sur Peruano, a pesar de las opiniones contrarias de la Contraloría, sus Procuradoras, los expertos profesionales, el Congreso  y los partidos políticos. 

La alternativa es la obra publica por administración directa, clásica, o la realizada mediante iniciativa privada, como es el caso de la hidroeléctrica San Gabán III, donde la empresa Hydro Global, a diferencia de las APPs, busca directamente el financiamiento y no le pide "garantías" al Estado y menos, "garantizar" sus ingresos. 

17.12.17

MTC: APP co financiadas son inconvenientes; Linea 3 del Metro y Chinchero ... a obra pública

El propio Ministro de Transportes y Comunicaciones Edmer Trujillo Mori (en la foto) debió reconocer lo que el consenso profesional (y este blog ) habia dicho hace muchos meses: las PP co financiadas no sólo no son un beneficio para el país, sino por el contrario. 

El ministro, al anunciar que la Linea 3 del Metro de Lima se realizaría como obra pública, aclaró respecto a las APP (Gestión, 28.11.18): “Es un modelo de negocio en el que el Estado pierde capacidad de negociación frente al concesionario privado”, afirmó.

“Lo que pasa en la Línea 2 es que tenemos un privado que administra US$ 5,300 millones frente a un Estado atado de manos. Por eso, muchas veces el Estado tiene que pedir casi de favor que se hagan las cosas”, enfatizó, segun el diario.

“Para la Línea 3 nos inclinamos a ejecutarla vía obra pública con un acuerdo de estado a estado, como el que estamos trabajando ya en [las obras para los Juegos] los Panamericanos”, precisó.

Trujillo explicó que esta decisión se tomó debido a que los anteriores estudios planteaban para las líneas 3 y 4 un modelo de negocio similar al de la Línea 2 del Metro de Lima, que se hizo vía APP, “el cual ya está demostrado que no es el mejor”.

En el caso de la construcción del aeropuerto de Chinchero, el titular del MTC reafirmó que también se realizará como obra pública, también con el esquema de contratación de estado a estado.
(Ver también entradas: 02, 03, 04)
Los costos de aferrarse a las APP son muy notorios: de 14 proyectos (incluidos de infraestructura) previstos por PROINVERSION  el presente año, sólo 2 se han adjudicado y se espera sólo 2 mas. 

29.11.18

Gobierno peruano al borde de la censura por Asociaciones Público Privadas

La bancada de Acción Popular pidió revisar los contratos de Asociaciones publico - privadas y posible anulación, según el diario Gestión (6.3.17). Esto,  vía un proyecto de Ley, que apunta a invalidar las adendas de los contratos de las APP, que  varíen el porcentaje de cofinanciamiento exigido al Estado, que implique una participación estatal mayor de la originalmente pactada.

Gestión se pregunta si encontrará apoyo en otras bancadas. 

Como hemos analizado en el blog (ver enlaces abajo), la Contraloría ha pedido la revisión de la propia Ley de las Asociaciones Público Privadas, en especial, para limitar el recurso de las adendas, que terminó trastocando el objetivo de "reducir el gasto publico" . Los resabios del "Lava Jato" en Perú han paralizado los contratos por infraestructura, que el gobierno de PPK había colocado como su expectativa para relanzar la economía, pero las recientes encuestas señalan que la población y los empresarios han perdido toda esperanza al respecto, y la popularidad de PPK se desploma con rapidez, mientras que su vicepresidente y Primer Ministro Martín Vizcarra enfrenta la censura del Congreso por otro caso de APP  firmado con apuro por su despacho, el caso del aeropuerto de Chinchero.  

Aun así, los medios están en una desesperada campaña por salvar las APP, por ejemplo, en la encuesta publicada hoy por Gestión, que señala que, pese a que la población reconoce la corrupción, "un 58% cree que las asociaciones publico privadas deben continuar" (¿?). 

Enlaces del blog relacionados: (1)   (2)

http://financiardesarrollo.blogspot.pe/2017/02/contraloria-plantea-que-se-revise-ley.html
http://financiardesarrollo.blogspot.pe/2017/02/sin-alternativa-las-app-la-construccion.html
6.3.17

Constructoras chinas ganan terreno en la infraestructura peruana

El lunes 5 de noviembre se firmó el contrato de concesión de la vía carretera Ancash - Huánuco, via trasversal que permitirá mayor conectividad hacia el Pacifico de las regiones de sierra y selva, como Huánuco, Cerro de Pasco, San Martin, y otras.
Ese dia, en presencia del presidente Vizcarra, se firmó el contrato de concesión con la empresa elegida, la China Railway 20 Bureau Group Corporation,  una de las varias empresas chinas que estan presentes en el Perú en el sector infraestructura, como:

• CREEC, China Eryuan Engineering Group, que hizo los estudios para el por ahora postergado Corredor Ferroviario Bioceanico Sur, y que a traves de una subsidiaria construirá la central de Pucará,  
• Hydro Global, consorcio chino portugues que integra la Three Gorges Damm Corporation. Hydro Global ya está construyendo además la central hidroeléctrica de San Gaban III,,  
• Synohidro, otra empresa china, conforma el consorcio que ganó la concesión de la Hidrovía Amazónica. 
• COSCO Shipping, mega naviera china , la mayor del mundo, construirá el nuevo megapuerto de Chancay. con una inversión total en 4 estaapas de US$ 10,000 millones.
• China Harbour Engineering Company, construirá el puerto de Ilo

Estas empresas están acogiendose a las APP (Asociación Público - Privadas), pero se acogen mayormente a la modalidad de APP autofinanciadas, asumiendo transparentemente el total de la inversión. En algunos casos, minoritarios, acceden a las APP cofinanciadas (con el Estado), pese a los grandes casos de defraudación denunciados en contratos con diferentes empresas de otras nacionalidades .
Estas empresas se unen a otras empresas chinas en minería, petroleo, gas, navegación , etc.
El anuncio de inversiones de empresas chinas por US$ 10,000 millones en Perú en los proximos 3 años, hecho por el embajador chino Jian Guide  el 1 de junio, (ver foto) incluye asimismo la infraestructura.
6.11.18

Infraestructura … sin exclusividad con APP

Si desea relanzar la infraestructura, como dice, el gobierno debe acudir a la administración directa de los proyectos, dejando de lado para los proyectos estratégicos el controvertido esquema de las Alianzas Público – Privadas (APP).  Y mejor aún: promoviendo la introducción masiva de crédito público a bajas tasas de Interés por mecanismos “hamiltonianos” como la Corporación Financiera de Infraestructura, propuesta por este blog.

Todo lo contrario: el gobierno asumió la “papa caliente” de los contratos APP suscritos por el gobierno anterior: Línea 2 del Metro, Gasoducto Sur Peruano y el Aeropuerto de Chichero. Como hemos visto, el resultado ha sido catastrófico; la Contraloría General indico que dichos contratos, tal como fueron formulados, constituían esquemas para aprovechar sistemáticamente al Presupuesto público; la defensa del gobierno a estos proyectos han significado un enfrentamiento con el Legislativo, y un desprestigio temprano, cuando no cumple siquiera un año.(En la imagen: Contralor Edgar Alarcón, Ex ministro Alfredo Thorne, primer ministro Fernando Zavala) 

De otro lado, el tratamiento del Estado a los megaproyectos más estratégicos – ferrocarril bioceánico Brasil Perú (FETAB), Túnel ferroviario central, centrales hidroeléctricas, proyectos de irrigación, puertos, etc. – ha sido lamentable. Mientras Chile avanza hacia la construcción del túnel trasandino con Argentina y se ofrece en Pekín como la salida bioceánica en el marco de la Iniciativa Una Franja, una Ruta, pidiendo financiamiento chino para una nueva refinería de cobre; el presidente Kucszysnki ha dejado en el limbo el proyecto bioceánico con Brasil y China, y ha archivado las ofertas de Ji Xinping para la cooperación para el desarrollo; dejando a las futuras generaciones el peso del subdesarrollo.

Usted, ¿Qué opina?

1.7.17

Infraestructura languidece entre la corrupción y la manipulación de la justicia

La casi total detención de la infraestructura aplicada por oscuros funcionarios del MEF es consecuencia de un juego de pinzas: por un lado, la corrupción sistémica que ha aprovechado el esquema Asociaciones Público - Privadas (APP); y por otro, la manipulación foránea de la judicatura y la opinión pública.

¿Resultado? Se sacrifica el futuro del país.

Citemos hechos:

1.- La quiebra de las finanzas públicas por la “bomba de la deuda” de los 70 y 80 y las "políticas de austeridad” del FMI-BM.

2.- El esquema de APP, propiciado como la panacea por el BM y el FMI, fue implantado en la primera década de este siglo en la mayoría de nuestros países, como una reducción del papel del Estado (privatización) en un área por doctrina exclusiva del Estado…

3.- En 2015, el propio departamento de Justicia de los EE.UU., país que es el principal apoyo del BM y el FMI, destapa el caso Lava Jato (en la foto, el funcionario de Odebrecht en Perú, Jorge Barata), y junto con las ONG internacionales judiciales y mediáticas tipo Fundación Open Society de George Soros, direcciona las acusaciones contra los blancos políticos contrarios a la geopolítica de EU; como Dilma Rousseff y Lula Da Silva, en Brasil, con convenios de “delaciones premiadas” con muchos de los reales criminales confesos.

Los mismos poderes fácticos que crearon el problema … ahora lo van a “corregir”…

Pero lo están “haciendo” de una manera contraria al interés público. El principio debe ser: que el culpable individual pague; pero que la empresa ( ya depurada), y la infraestructura,  siga. 

En Perú el gobierno ha reconocido abiertamente que espera pagar más de 69,000 millones de soles en reparaciones, sanciones y demás, consecuencia de los malos contratos de APP firmados.

¿Consecuencia? Paralización de: Alto Piura, Chavimochic  III, Majes Siguas III, Gasoducto Sur Peruano, etc.

Esta es la verdadera crisis que debe resolver el presidente Vizcarra, para incluir al Perú al nuevo esfuerzo mundial de Una Franja, Una Ruta.
23.9.18

Estado debe invertir directamente en infraestructura, porque igual subsidia

El ingeniero Jorge Coll Calderón, en el programa "Palabra de Ingeniero" del Colegio de Ingenieros del Perú, señala que el Estado debe invertir directamente, porque gasta igual subsidiando a las empresas extranjeras concesionarias (Ver vídeo a partir del minuto 7). El ingeniero Coll,  refiriéndose a las obras del Metro subterráneo de Lima en construcción, cuestionó que estas obras se deben "licitar como obra pública, y no como una concesión APP (Asociación Público - Privada, según el esquema del FMI - Banco Mundial)".) Puso el caso de la Linea 1 del Metro de Lima, que en 2008 se ofreció como concesión, pero al recibir ofertas demasiado altas se debió licitar como obra publica al cabo de 1 año. 

Coll explicó que según los estudios de demanda, el Estado necesita (en una concesión APP) subsidiar el 70 o el 80% del valor del proyecto, lo que corresponde, coincidentemente, al valor de la infraestructura, que es un 70 a 80% del valor total del proyecto. "En la práctica, el Estado tiene que subsidiar el 100% de la infraestructura: la obra civil y las instalaciones mecánicas". "No tiene sentido que sea una concesión APP", dijo. "El que tiene que invertir es el Estado", como obra pública, dijo Coll.

El invitado cuestionó al vicepresidente y Ministro de Transportes Martín Vizcarra cuando habla de invitar a empresas chinas y coreanas a invertir en la infraestructura del Perú. Mejor "debería decir: voy a invitar a las empresas coreanas y chinas, las constructoras, a que vengan a concursos para la construcción del Metro".

El desplome calculado de la inversión pública

English version

Según los últimos reportes (Gestión, 16.12.19, p. 27), y como se ha advertido en los últimos años, (ver post) el gasto en inversión pública, hasta el 13  de diciembre, ha llegado sólo al 53%, gastándose sólo 28,000 millones de soles, de los 52,000 millones presupuestados, una bajísima proporción nunca antes vista, y que demuestra que: se gasta poco y mal.

El gobierno retira capacidad adquisitiva de la población y las empresas, y no la reintroduce a la circulación económica, contribuyendo con una desaceleración del crecimiento del PBI, sin retorno. De hecho, el pronóstico de crecimiento del PBI era de 4.2% al inicio del año, y hoy se duda que llegue al 2%.

¿Porqué?

Ausencia de toma de decisiones.

El gobierno no dió un sólo paso para abandonar el esquema de las cuestionadísimas Alianzas Público – Privadas APP, esquema que - vox populi - alentó la corrupción; por el contrario, estuvo con pies de plomo con optar por la alternativa, la obra pública clásica.

Es más: ni siquiera dió luz verde a las APP cuyos beneficiarios no eran las constructoras de siempre, como se dio con la declaratoria de desierta de la concesión del proyecto ferrocarril Lima- Ica, a la que postulaba la mega ferroviaria China Railways.

Al apostar por la obra pública convencional, dejaría sin piso al conjunto de constructoras brasileñas (Odebrecht, la principal) y sus consorciadas peruanas - bautizadas como el "Club de la Construcción"; que en otros países, como Colombia, están prohibidas (a diferencia de Perú) de contratar con el Estado.

Un problema adicional es que buena parte del presupuesto se destina oficialmente a pagar reparaciones judiciales, compensaciones y sobrecostos a las constructoras, fruto de contratos APP pésimamente negociados y negociados por parte del Estado.Estas “contingencias” han llegado a ocupar hasta el 70% del presupuesto público del sector Transportes, el mas relacionado a la infraestructura.

A titulo de ejemplo, Graña y Montero,  la socia peruana de Odebrecht, acaba de demandar al Estado peruano por mas de US$ 500 millones, por la suspensión del írrito contrato por el Gasoducto Surperuano.

24/12/19