miércoles, 20 de diciembre de 2017

Este proyecto (ver posts previos) fué propuesto desde la década de 1920, por el ingeniero norteamericano Charles Sutton,  el prohombre lambayecano Manuel Mesones Muro y Santiago Antúnez de Mayolo, quien lo veía parte de la conexión bioceánica con Brasil. Consistía en transvasar las aguas del rio Huancabamba, que discurren hacia el Atlántico, a la vertiente occidental, para irrigar la desértica costa peruana, con un túnel trasandino. En esa década, el proyecto fué cerrado por los terratenientes. 
El proyecto fué relanzado en la década de 1970, con apoyo técnico y financiero de Rusia, y contemplaba irrigar 100,000 hectáreas de nuevas tierras agrícolas y generación eléctrica por 624 MW. pero debió cancelarse. La década perdida postergó sine die su realización, en medio de la austeridad fiscal del FMI y la crisis. 
Hasta la década del 2000, cuando el proyecto se negocia en forma de concesión por 25 años, en este caso, con una subsidiaria de la empresa Odebrecht, H2Olmos. 
El proyecto fué totalmente reducido: pasó de 100,000 a 38,000 hectáreas de nuevas tierras, y de 624 a sólo 50 MW.  
Pero lo preocupante aquí es el costo que afrontó la sociedad peruana y el Estado por una obra que pudo emprender con sus propias fuerzas, que reseña en parte el economista Luis Castillo Silva (Ver VIDEO) y otras fuentes:
  1. Entregó en concesión las 38,000 hectáreas, que fueron a manos de una sola empresa en su inmensa mayoría, creándose un nuevo latifundio totalmente retrogrado; contrario a los objetivos de reducir la desigualdad de los Objetivos del Milenio; 
  2. Odebrecht recibió tierras en forma directa, lo que estaba expresamente prohibido. 
  3. Ello a cambio de una inversión directa de H2Olmos (Odebrecht) que según algunas fuentes no pasó de US$ 20 millones. 
  4. Altas tarifas por el agua a los usuarios agricultores; por US$ 24 millones anuales.
  5. El Perú se arriesgó garantizando los prestamos a Odebrecht por US$ 150 millones;
  6. El gobierno peruano debió aportar sin beneficio directo US$ 77 millones, 
  7. El Estado peruano (gobierno regional) debió acceder a pagar 43 millones de dólares por contingencias durante la construcción de la estructura central. 
  8. Exoneraciones tributarias;
Odebrecht aceptó haber pagado US$ 20 millones en coimas al entonces presidente Alejandro Toledo; y haber contratado servicios con la empresa del presidente Pedro Pablo Kuczynski, Westfield Capital, y pugna ahora por vender todos sus activos en Olmos y muchos otras concesiones y remesar sus ganancias en divisas;
Pero un país no puede colocar su futuro en manos de empresarios y funcionarios con estos comportamientos. 
Necesitamos reformar la acción del Estado, para que retome en sus propias manos la construcción del futuro de los peruanos con la creación de la infraestructura vital para el desarrollo. 
19.12.17

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