En septiembre último, el Gobierno de Ecuador anuncio que ha programado la construcción de 10 nuevas centrales hidroeléctricas, debe añadirse que esto se suma al inmenso conjunto de grandes centrales hidroeléctricas construidas especialmente en el gobierno del presidente Rafael Correa, con inversión de empresas chinas. Por ejemplo, la mega central hidroeléctrica de Coca Coda Sinclair alcanza ella sola una potencia instalada de 1,500 MW. Las centrales hidroeléctricas mencionadas son en realidad pequeñas, siendo en promedio de 64 MW cada una, totalizando una potencia de 640 MW, por una inversión de US$ 1,522 millones.
De este grupo, cinco proyectos se
encuentran en la vertiente amazónica y cinco en la del Pacífico, totalizando
una potencia de 640 MW.
Lo que destaca en esta noticia es la apuesta preferente de Ecuador por la energía hidroeléctrica, igual que Colombia, Argentina y Brasil, a pesar que hubiera podido optar por la generación termoeléctrica siendo un exportador de petróleo, como lamentablemente hizo su vecino Perú a partir de los años de 1990. Es también de destacar la existencia de estudios sobre el potencial hidroenergético de Ecuador a cargo del Instituto de Electrificación Nacional, y su Plan Maestro de Electricidad. La Corporación Eléctrica del Ecuador realiza una planificación permanente en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas para desarrollar dichos proyectos de generación. El riesgo para Ecuador es que utilizará las así llamadas “inversiones público-privadas”, de efectos perjudiciales en casos como del vecino Perú. Asimismo, los proyectos están a negociar.
Un escenario completamente diferente se vive en el Perú, en el cual, en
forma arbitraria y contraria a los intereses de las grandes mayorías nacionales,
se ha suspendido de facto la construcción de centrales hidroeléctricas, inclusive,
las realizadas por el sector privado, sin aportes del Estado. Es decir, los
últimos gobiernos, como los de los presidentes Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski,
Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y Pedro Castillo, no solo no han garantizado
la construcción de centrales hidroeléctricas, fuente renovable y eficiente
desde todo punto de vista, por el contrario, ha obstaculizado utilizando los
permisos ambientales, la construcción de centrales hidroeléctricas por la
iniciativa privada. Ejemplo, la C.H. de Inambari, (ver imagen del proyecto arriba) gigantesco proyecto cancelado sine die en 2011. En
lugar de eso, están promocionando “alternativas” totalmente ineficientes, como
la energía solar y eólica, que favorecen principalmente a los fondos
especulativos internacionales que financian o “cofinancian” proyectos con
ingresos garantizados por el Estado y a altas tasas de interés y rentabilidad, y
a los peores intereses globalistas contrarios al desarrollo y al crecimiento
demográfico.
Los resultados están a la vista: el Perú vive un tarifazo eléctrico del 21.5%
durante los 13 últimos meses -- el presente gobierno (Gestion, 15.10.22), mientras que en
septiembre se registró la mayor alza de los meses recientes, registrándose un
alza todavía mayor para el sector industrial, pese al inmenso potencial hidroeléctrico que Perú ostenta., mucho mayor que
el de Ecuador. Si bien es cierto que el presente desorden se originó a partir
de la feroz crisis financiera de los años 70 y 80, sin embargo, las condiciones
leoninas para atraer la inversión privada al sector eléctrico mediante la
privatización de las empresas eléctricas públicas, no se han modificado y prácticamente
no han generado mejoras tangibles para el común de la población, y tampoco para
el sector industrial. La mayor parte de las obras del Sistema Eléctrico
Nacional Interconectado sirvieron sí para atender la demanda del sector minero
creciente, mientras que los sectores industriales se veían afectados por un
sistema tarifario absurdo qué ha significado la detracción de miles de millones
de dólares de los usuarios peruanos hacia los inversores extranjeros off Shore,
reduciendo con ello el crecimiento del PBI respeto al potencial real del país.
Es el momento de tomar las mayores decisiones, pues el país está
construyendo una red ferroviaria eléctrica que promete crecer para atender la
demanda exportable y el crecimiento económico del país, sin sacrificar enormes
sumas en favor del oligopolio eléctrico.
Por Manuel Hidalgo
7.10.22
