martes, 3 de abril de 2018


Delinquen las personas…no las empresas. Ante el caso Lava Jato, países como Panamá han tenido el tino de no detener la construcción de la infraestructura, pero si detener a los funcionarios de las empresas que defraudaron al Estado y la fé publica.
En el Perú, lamentablemente, el Congreso peruano ha decidido, por medio del Decreto de Urgencia 003, detener la construcción de la infraestructura, poniendo en riesgo decenas de miles de empleos peruanos, para especular sobre que directivos empresariales y, en especial, que agentes políticos van a caer en manos de la justicia. Lamentablemente, la gran mayoría de las empresas peruanas y extranjeras involucradas en Lava Jato tenían a su cargo la inmensa mayoría de las obras de infraestructura y las concesiones peruanas, y aunque, como lo hemos demostrado, el esquema de rapiña contra el Estado era mayúsculo, la gran mayoría de las obras son totalmente imprescindibles, incluyendo las proyectadas, que son mejorables asimismo.
¿El resultado?  Aparte de las obras paralizadas, con los activos de las constructoras congelados, generando la ruptura de la cadena de pagos, las empresas peruanas (en la foto, la sede del gremio de constructores, CAPECO), han cedido el lugar a las constructoras españolas y británicas, pese a los grandes escándalos políticos, empresariales y bancarios que han llevado a la quiebra a importantes constructoras españolas.
Es probable que esto termine en una serie de adquisiciones en masa de empresas peruanas por los intereses europeos, especialmente, mientras que los partidos mayoritarios del Congreso jueguen sus cartas esperando a su vez salvarse de las acusaciones directas de Jorge Barata, el hombre fuerte de Odebrecht en Perú y hoy “colaborador eficaz”.
¡El Perú no se debe detener!
01.4.18

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