El desplome calculado de la inversión pública

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Según los últimos reportes (Gestión, 16.12.19, p. 27), y como se ha advertido en los últimos años, (ver post) el gasto en inversión pública, hasta el 13  de diciembre, ha llegado sólo al 53%, gastándose sólo 28,000 millones de soles, de los 52,000 millones presupuestados, una bajísima proporción nunca antes vista, y que demuestra que: se gasta poco y mal.

El gobierno retira capacidad adquisitiva de la población y las empresas, y no la reintroduce a la circulación económica, contribuyendo con una desaceleración del crecimiento del PBI, sin retorno. De hecho, el pronóstico de crecimiento del PBI era de 4.2% al inicio del año, y hoy se duda que llegue al 2%.

¿Porqué?

Ausencia de toma de decisiones.

El gobierno no dió un sólo paso para abandonar el esquema de las cuestionadísimas Alianzas Público – Privadas APP, esquema que - vox populi - alentó la corrupción; por el contrario, estuvo con pies de plomo con optar por la alternativa, la obra pública clásica.

Es más: ni siquiera dió luz verde a las APP cuyos beneficiarios no eran las constructoras de siempre, como se dio con la declaratoria de desierta de la concesión del proyecto ferrocarril Lima- Ica, a la que postulaba la mega ferroviaria China Railways.

Al apostar por la obra pública convencional, dejaría sin piso al conjunto de constructoras brasileñas (Odebrecht, la principal) y sus consorciadas peruanas - bautizadas como el "Club de la Construcción"; que en otros países, como Colombia, están prohibidas (a diferencia de Perú) de contratar con el Estado.

Un problema adicional es que buena parte del presupuesto se destina oficialmente a pagar reparaciones judiciales, compensaciones y sobrecostos a las constructoras, fruto de contratos APP pésimamente negociados y negociados por parte del Estado.Estas “contingencias” han llegado a ocupar hasta el 70% del presupuesto público del sector Transportes, el mas relacionado a la infraestructura.

A titulo de ejemplo, Graña y Montero,  la socia peruana de Odebrecht, acaba de demandar al Estado peruano por mas de US$ 500 millones, por la suspensión del írrito contrato por el Gasoducto Surperuano.

24/12/19