Como hemos señalado en
anteriores, posts, un ejemplo preciso de
los efectos de la austeridad presupuestal
aplicada en nuestro país desde mediados de los años 70 son los US$
19,000 millones de brecha en infraestructura sanitaria, que nos impide luchar
contra la pandemia del COVID 19.
La austeridad fiscal comenzó aun
antes de la primera carta de intención firmada por el gobierno peruano con el
Fondo Monetario Internacional (FMI) en 1977. Esta consiste en la reducción del gasto público,
tanto en gasto corriente como de capital, para asegurar el pago de la deuda
externa con los acreedores internacionales, destacadamente, los bancos de Nueva
York.
La principal justificante de la
austeridad fiscal condicionada por el FMI para librar los préstamos que
permitirían a un país agobiado importar bienes e insumos básicos y evitar caos
y hambruna, era el “enfriamiento” de la economía para detener las espirales
inflacionarias presentes en gran parte de la región (terapia de shock).
Es ilustrativo repasar algunas medidas y consecuencias de la austeridad fiscal, parte de las Cartas
de Intención del FMI y con el apoyo del Banco Mundial:
I.
Postergación, reducción, y cancelación de
proyectos de infraestructura vitales, como Chavimochic, Olmos, Transvase del
Mantaro, retrasados cerca de 40 años, y algunos cancelados definitivamente. Crucial
fué la reducción de los componentes energéticos de proyectos hidráulicos, como
Olmos, Chavimochic y Majes – Siguas.
II.
Seccionamiento de grandes programas con el
argumento falaz de “lo pequeño es hermoso”, con criterios que atomizaron aún
más los sistemas sanitario y educativo. Se construyeron miles de postas médicas
con el “enfoque de salud preventiva”,
mientras se abandonaba la construcción de hospitales especializados en ciudades
medianas o grandes.
III.
Atomización del presupuesto público por una
regionalización erigida sin criterio técnico, que multiplicó después del 2000
el gasto corriente en perjuicio del gasto de capital;
IV.
Reducción y precarización de la planilla de
trabajadores públicos; a la par que se imbuía a la población en la supuesta
bondad de la “economía informal” y el emprendedorismo voluntarista, en un país
sin infraestructura ni demás condiciones.
V.
Venta o concesión de empresas y servicios
públicos,
VI.
Destrucción del sistema pensionario solidario,
aparejado a la creación de una deuda pública interna no reconocida con los
trabajadores, aunado al desplome de la infraestructura sanitaria anexa;
VII.
Sustitución de la construcción de
infraestructura pública clásica por sistemas leoninos de concesionamiento como
las Asociaciones Público – Privadas, APP, de tanto provecho para Odebrecht y
cientos de empresas similares
Todo ello generó una inmensa
brecha de infraestructura de US$ 160,000 millones.
Hoy, es posible un programa rápido de construcción de
infraestructura y producción industrial dirigista para superar 4 décadas
perdidas. Y es más sencillo de lo que pensamos, si contribuimos además a
delinear el contexto adecuado para una Nueva Ruta de la Seda global.
¿Tu, qué opinas, compatriota?
05 de Julio de 2020
