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jueves, 9 de noviembre de 2023

Inversión privada en infraestructura: lo bueno, lo malo y lo feo

La inversión privada en infraestructura es buena, siempre que complemente a la inversión pública. Salvo excepciones de una crisis fiscal temporal, nunca podrá reemplazarla.

El Estado es el responsable de la infraestructura, desde el punto de vista histórico y constitucional. Este principio lo estableció conceptualmente mucho mejor el primer secretario de Hacienda de los Estados Unidos, Alexander Hamilton (1757 – 1804), conspicuo seguidor de las ideas económicas de Juan Bautista Colbert (1619-1683), primer ministro de Francia. 

Juan Bautista Colbert

El ennoblecimiento del territorio, a través de carreteras, canales, puertos y posteriormente ferrocarriles, era uno de los principales objetivos del Estado; y fueron precisamente los gobiernos federal y estatales en el país del norte los responsables de obras tan transformadoras como el canal del Erie, y el Ferrocarril Transcontinental de Estados Unidos. Recomiendo fuertemente leer las obras de Hamilton traducidas al castellano disponibles en la red.

Canal de Erie

Ferrocarril Transcontinental de Estados Unidos

Lo importante es que la prioridad entre los proyectos de infraestructura la debe fijar el Estado, en un Plan Nacional de infraestructura elaborado científicamente.¿Que infraestructura aumenta mas la productividad?.  La infraestructura priorizada se debe ejecutar como inversión pública, directamente administrada, y con contratos establecidos directamente por el Estado. En el país del norte, mucha infraestructura fué construida por los batallones de ingeniería militar.

Hasta este punto, no se nota ningún conflicto entre la inversión en infraestructura, pública y privada.

El problema surge cuando se deja la infraestructura prioritaria al arbitrio de los inversionistas privados, que deberán encontrar en dicha infraestructura una rentabilidad para ellos de corto plazo. Si los privados no ven “rentable”monetariamente un proyecto, este nunca se hará, por mas prioritario que sea. Ahí aparece la primera contradicción:  hay aspectos de la economía que de ninguna manera pueden ser objeto de rentismo, sino que constituyen bienes públicos, que al establecer sobre ellos una renta cortoplacista  generan una ineficiencia en toda la cadena productiva. Es por eso que en los Estados Unidos, en el pasado,  buena parte de la infraestructura era administrada por los gobiernos federal y estatales, como facilities, que no eran empresas buscadoras de renta, sino que se limitaban al servir al público en general, con tarifas apropiadas y bajas. Asimismo, aún en los casos en los cuales se permitía a la inversión privada gestionando infraestructura básica, esta era estrictamente regulada por el Estado, de tal manera que se mantenía la eficiencia evitando generar sobrecostos innecesarios que gravasen toda la economía en su conjunto.

Pero a partir de la revolución neoconservadora y ultraliberal de Margaret Thatcher y la Sociedad Mont Pelerin, se comenzó a desmontar la regulación de los servicios públicos, y se abrió la puerta al rentismo abierto en sectores cruciales para la economía como era la energía, el transporte, la provisión de agua para uso residencial e industrial y agrícola, etc. Aún cuando la regulación en estos sectores se mantuvo, la lógica era disminuirla cada vez más. Con el predominio de ideas aún más extremistas, como las de  Hayek o Mises, qué establecian que la presencia del Estado en la economía era el enemigo a destruir, la distorsión en las políticas públicas se acentúa.

La inversión privada en infraestructura para proyectos prioritarios, como ferrocarriles, obras hidráulicas y de energía, que tienen presupuesto público, en muchos casos se han gestionado de una manera lamentable, a través de las llamadas Asociaciones Público-Privadas, APP, (ver posts) modalidad propuesta por los organismos financieros internacionales, cuyo marco ha sido cuestionado por la propia Contraloría. Como lo atestigua los casos “Odebrecht” y “Club de la Construcción”, estos mecanismos han tenido como resultado la paralización sine die de muchísimos proyectos de infraestructura, con su consecuencia de acentuación de la recesión y la práctica inacción del Estado, que así pierde cualquier mecanismo de acción en la economía.

Como lo hemos demostrado ya en muchos posts anteriores, las APP  en muchos casos terminaron disponiendo de los fondos públicos, cuando no obtenían la financiación privada que prometían, y Asimismo a través de contratos leoninos aseguraban que buena parte de ese presupuesto público terminase como compensaciones a las empresas constructoras o contratantes, que no solamente incumplían con la construcción de la infraestructura, sino que lograba gracias a estos procedimientos írritos, obtener grandes cantidades en ecceso del Tesoro Público,  gracias no a la construcción sino a los abogados. Asimismo, los costos de las Addendas que  incrementaban los presupuestos iniciales, las contingencias y garantías han sido gravemente perjudiciales para el Presupuesto público.

El resultado final ha sido grandes proyectos como Majes Siguas, Olmos II Etapa, Chavimochic III Etapa, Alto Piura, Chinecas, Gasoducto Surperuano, entre otros, cancelados o postergados sine die.

La alternativa de los últimos gobiernos fué ceder la administración de algunos proyectos importantes en convenio de gobierno a gobierno, con Francia e Inglaterra por ejemplo, si bien pueden ser una solución pragmática, sin embargo, desde el punto de vista de la soberanía nacional, representa un grave riesgo de una gestión inconveniente al interés del Perú.

La demanda de infraestructura en el Perú será cada vez mayor en razón del desarrollo en especial del megapuerto de Chancay, que se traducirá en una demanda de nuevos proyectos de energía, de transporte ferroviario y carretero que deberá incrementar en forma decisiva la productividad de las empresas y el trabajo del Perú.

Manuel Hidalgo Tupia

7 de noviembre de 2023

sábado, 20 de agosto de 2022

¿Debe la infraestructura vital depender de la "rentabilidad esperada" del inversionista?


A raíz de la crisis de los 80 y años siguientes, las finanzas públicas fueron desarticuladas permanentemente, para privilegiar la traumática “reinserción” del Perú a los mercados financieros internacionales. Los proyectos de infraestructura más importantes quedaron sin presupuesto, y los que continuaron tuvieron que cambiar drásticamente sus características, abandonando por ejemplo los aspectos energéticos

Hoy, solo algunos proyectos de irrigación, carreteras y algunos ferrocarriles urbanos (en Lima) son atendidos por el presupuesto público, y a cuentagotas.

Los mayores proyectos de infraestructura, a excepción de muy pocos (medianos casi todos) gestionados por los gobiernos regionales, quedaron a merced de la “rentabilidad esperada” y la “capacidad financiera” de empresas privadas, como aquellas del Club de la construcción y otras de propiedad de fondos de riesgo internacionales. Estas abusaron de las condiciones de las leoninas concesiones previstas en el desprestigiado esquema de Asociaciones Público-Privadas, APP, de las cuales hemos abundado en este blog (ver posts: 01, 02 ).

Muchos se preguntaron: ¿por qué insistir en las APP y no recurrir a la administración directa de los proyectos de inversión más importantes? Esta pregunta no ha sido aún respondida, pero las mentes de los compatriotas encuentran respuesta en la codicia desmedida.

Pero lo más grave de todo ello es que cualquier concepto de priorización estratégica para el desarrollo del país ha sido abandonado, bajo el argumento que es la empresa privada la que debe decidir sobre que infraestructura se va a construir, en base a los ingresos directos de corto plazo y de preferencia garantizados por el Estado y “cofinanciados” que pueda generar esa infraestructura. Eso descarta a los proyectos más estratégicos, como la conexión bioceánica.

¿Y dónde queda el compromiso del Estado con el desarrollo del país, que establece la Constitución Política del Perú? Y muy probablemente el esquema sea similar en otros países de la región. Los últimos gobiernos han estado incumpliendo flagrantemente la Constitución Política, provocando con su inacción el desplome de la productividad del trabajo y del salario de los peruanos, empujando a la inmigración a muchas generaciones de compatriotas, como las que hoy viven en Europa, Estados Unidos, Japón y otros países. Y eso pese a que la inversión extranjera y la demanda internacional para nuestros productos, especialmente de China como locomotora del comercio mundial, ha sido muy favorable para el Perú, sin lo cual el desplome de la economía física fuera mucho mayor.

Con Reservas internacionales netas (RIN) por encima de los 70,000 millones de dólares, el Perú ha sido incapaz de financiar proyectos como el de las centrales hidroeléctricas, o la red ferroviaria con salida bioceánica, cuyo importe anual sería mucho menor que la veinteava parte de esas reservas. Es más: El Perú posee un Presupuesto público de alrededor de los 40,000 millones de dólares, y posee aún una capacidad de endeudamiento internacional y local muy importante, el cual nunca en los últimos años ha sido mencionado como una fuente de financiación para los grandes proyectos que el Perú necesita.

Muchas de las supuestas decisiones sobre la infraestructura de mayor alcance fueron dejadas a un organismo de tercer o cuarto orden, llamado PROINVERSIÓN, que más pareció actuar como si su nombre fuese ANTI INVERSIÓN. Peor aún, dicho organismo corre el riesgo de terminar siendo un anexo del Club de la construcción y de los fondos de inversión o de riesgo especulativos.

Fue Alexander Hamilton quien estableció como primer secretario de Hacienda de los Estados Unidos el compromiso del Estado en la infraestructura, utilizando la capacidad el Tesoro Público de entonces de emitir billetes que se dirigían primariamente a la construcción de esta infraestructura, esquema que resultó ser el modelo para toda nación que construyó sus corredores económicos, cómo son los ejemplos recientes De China entre otros países en la historia.

Manuel Hidalgo Tupia

15/08/22

miércoles, 7 de julio de 2021

¿Estado desarrollista ... o anti desarrollo?

Manuel Hidalgo

El 21 de mayo de 2021, el Congreso aprobó la ley ( Nº 6486/2020- CR) que declara de interés nacional la construcción de la carretera Pucallpa (Región Ucayali) – Cruzeiro do Sul (Estado de Acre, Brasil), de 250 kilómetros, una demanda de muchos años de la región Ucayali, y que ahora cuenta con el apoyo del gobierno brasileño. Una corta compensación por la postergación indefinida de la Ferrovía Transcontinental Bioceánica Brasil - Perú, con financiamiento ofrecido por China. El gobierno regional de Ucayali ha promovido desde hace muchos años este proyecto como una alternativa de desarrollo en una región azotada por la pobreza, el desempleo, y por una gran mortandad en la crisis COVID 19.

Sin embargo, increíblemente, el ministro del Ambiente Gabriel Quijandría señaló el 22 de junio que “Gobierno peruano se opone a ruta con Brasil que amenaza reservas naturales” (cable EFE), arguyendo que “puede incentivar la tala ilegal y el narcotráfico”, y ante la insistencia del Congreso, el 26 de junio el presidente Francisco Sagasti vetó la Ley.   Quijandría se sintió apoyado en decir: “Si yo no tengo claro qué tipo de desarrollo quiero lograr en un territorio y no tengo claro cuáles son las características de ese territorio, probablemente se esté planteando una infraestructura que no necesito”. Ucayali no piensa lo mismo.

La carretera proyectada “atravesaría el Parque Nacional Sierra del Divisor, que se extiende a ambos lados de la frontera entre Perú y Brasil, y también pasaría muy cerca de la Reserva Indígena Isconahua y de la propuesta de Área de Conservación Regional Alto Tamaya” (EFE, 22.6.21). Y es que el lobby ecologista radical, respaldado por la WWF y Conservation International, ha usado a una miriada de ONGS de presupuesto millonario en los últimos 60 años para establecer todo un sistema de 158 áreas naturales de conservación (reservadas), al margen de la explotación económica y la libre iniciativa de los peruanos, que ocupa un 16.93% del territorio nacional. Junto a ello, 40 años de desfinanciación de la infraestructura clave: vial, energética e hidráulica.

Choque total. Por un lado, el Congreso y el Gobierno Regional de Ucayali, y por el otro, el gobierno accidental (no elegido) y las ONGs ultra ecologistas. Y es que pasamos de un Estado comprometido con la promoción del desarrollo que manda la Constitución (Artículo 44), a un Estado anti desarrollo con el argumento neo malthusiano levemente encubierto de un ecologismo radical, tipo “Gran reseteo”.  Y el resto de la infraestructura detenida 4 años por la insistencia del gobierno en el fallido esquema de Asociaciones Publico – Privadas, APP, tan del gusto de Odebrecht.

El frenazo al desarrollo costará al Perú cientos de miles de empleos, actuales y potenciales, en un país con más del 70% de informalidad laboral y una brecha de infraestructura de US$ 280,000 millones.

Estamos advertidos.

06/07/21

domingo, 5 de julio de 2020

Duraderos y fatales efectos de la “austeridad presupuestal”

Como hemos señalado en anteriores, posts, un ejemplo  preciso de los efectos de la austeridad presupuestal  aplicada en nuestro país desde mediados de los años 70 son los US$ 19,000 millones de brecha en infraestructura sanitaria, que nos impide luchar contra la pandemia del COVID 19.
La austeridad fiscal comenzó aun antes de la primera carta de intención firmada por el gobierno peruano con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 1977. Esta  consiste en la reducción del gasto público, tanto en gasto corriente como de capital, para asegurar el pago de la deuda externa con los acreedores internacionales, destacadamente, los bancos de Nueva  York.
La principal justificante de la austeridad fiscal condicionada por el FMI para librar los préstamos que permitirían a un país agobiado importar bienes e insumos básicos y evitar caos y hambruna, era el “enfriamiento” de la economía para detener las espirales inflacionarias presentes en gran parte de la región (terapia de shock).
Es  ilustrativo repasar algunas medidas y consecuencias  de la austeridad fiscal, parte de las Cartas de Intención del FMI y con el apoyo del Banco Mundial:
        I.            Postergación, reducción, y cancelación de proyectos de infraestructura vitales, como Chavimochic, Olmos, Transvase del Mantaro, retrasados cerca de 40 años, y algunos cancelados definitivamente. Crucial fué la reducción de los componentes energéticos de proyectos hidráulicos, como Olmos, Chavimochic y Majes – Siguas.
      II.            Seccionamiento de grandes programas con el argumento falaz de “lo pequeño es hermoso”, con criterios que atomizaron aún más los sistemas sanitario y educativo. Se construyeron miles de postas médicas con el “enfoque  de salud preventiva”, mientras se abandonaba la construcción de hospitales especializados en ciudades medianas o grandes.
    III.            Atomización del presupuesto público por una regionalización erigida sin criterio técnico, que multiplicó después del 2000 el gasto corriente en perjuicio del gasto de capital;
    IV.            Reducción y precarización de la planilla de trabajadores públicos; a la par que se imbuía a la población en la supuesta bondad de la “economía informal” y el emprendedorismo voluntarista, en un país sin infraestructura ni demás condiciones.
      V.            Venta o concesión de empresas y servicios públicos,
    VI.            Destrucción del sistema pensionario solidario, aparejado a la creación de una deuda pública interna no reconocida con los trabajadores, aunado al desplome de la infraestructura sanitaria anexa;
  VII.            Sustitución de la construcción de infraestructura pública clásica por sistemas leoninos de concesionamiento como las Asociaciones Público – Privadas, APP, de tanto provecho para Odebrecht y cientos de empresas similares
Todo ello generó una inmensa brecha de infraestructura de US$ 160,000 millones.
Hoy, es posible  un programa rápido de construcción de infraestructura y producción industrial dirigista para superar 4 décadas perdidas. Y es más sencillo de lo que pensamos, si contribuimos además a delinear el contexto adecuado para una Nueva Ruta de la Seda global.
¿Tu, qué opinas, compatriota?
05 de Julio de 2020

lunes, 10 de febrero de 2020

Resultados de la “privatización” de la infraestructura

English version
La demanda de la corruptora constructora brasileña Odebrecht contra el Estado peruano por mas de US $  1,200  millones puede haber sorprendido a la mayoría de la población, pero no a las autoridades peruanas,  conocido que los lesivos contratos de Asociación Público – Privada (APP) les franqueaba esa posibilidad.
Pero quienes han seguido este blog (ver por ejemplo el post aquí, y también el post), y quienes conocen las tendencias de la “privatización de la infraestructura” propuesta por Felix Rohatyn en Estados Unidos,  con la justificación de los “sabios” tatcheristas y pinochetistas de la Sociedad Mont Pelerin,  no se sorprenden.
Las tendencias actuales en la gestión pública de la infraestructura apuntan a un fracaso mayor:
        I.   Concentración de la infraestructura en nuevas “ciudades - estado”, donde se centraliza la mayor parte de la inversión (Lima, en el caso peruano, que supera ya los 10 millones de habitantes), promoviendo por ejemplo negocios inmobiliarios masivos;
      II.   Abandono de la infraestructura integradora del espacio nacional y subregional, con el consecuente abandono del interior o la “periferia”, ocupada por aquellos votantes “lamentables” a los cuales los fondos de inversión dominantes y sus operadores políticos y mediáticos pueden invisibilizar;
    III.       Énfasis en “energías alternativas”, solar y eólica, ineficientes, y postergación de la energía nuclear e hidro eléctrica.
    IV.  Concentración de la infraestructura en las áreas geográficas con actividades de exportación, eufemísticamente llamadas “cadenas de exportación”.
Las decisiones ocurridas en los últimos 3 años, con énfasis, abonan a estas tendencias:
A.      Rechazo de PPK a la conexión ferroviaria bioceánica Brasil – Perú que China ofrecía financiar;
B.      Recorte y retrazo de la Hidrovia Amazónica:  
C.      Plan Nacional de Infraestructura desestructurante del espacio nacional;
D.    Abandono de los proyectos públicos de generación hidro eléctrica y priorizacion de las ineficientes fuentes eólicas y solares;
E.       Defensa y priorización de los inoperativos esquemas de APP. (Tambien ver otro post aquí)
La privatizacion de la infraestructura ha significado ya el desplome de la inversión pública, con todo su efecto en la economía física, en medio del rechazo social a los tarifazos consecuentes.
Pero no hay mal que dure cien años.
07/02/20

viernes, 3 de enero de 2020

Sigue desaprovechándose el inmenso potencial hidroeléctrico del Perú

Sigue desaprovechándose el inmenso potencial hidroeléctrico peruano, el segundo de la región, mientras esta en lugar 13 en consumo energético, a la vez que continúan los masivos sobrecostos eléctricos a la población y empresas productivas. La pobreza energética crece, y es mas grave aún en nuestra región amazónica, como se aprecia en el mapa del pobreza energética global de la imagen.
El drama tiene 5 actos:
1.- La inversión publica se desplomó y peor aun se fragmentó con la regionalización, producto de la crisis y la política de austeridad (FMI – BM), en los 80 y 90....
2.- Se legisla en los 90 para resolver la crisis energética promoviendo la generación termoeléctrica -- quemando más petróleo que gas – aumentando la dependencia energética y desalentando los proyectos hidroeléctricos que ya avanzaban a paso lento.
3.- Se aplican sobre - tarifas a la población y las empresas productivas para asegurar "cofinanciamiento" e “ingresos garantizados” a las empresas concesionarias, bajo el esquema APP (Asociaciones Público Privadas)
4.- Sistema tarifario sesgado a favor de las termoeléctricas y gravoso a las más eficientes hidrolectricas; presentando estimulos perversos.
5- Pese a la demostrada eficiencia física y ambiental de los proyectos hidroeléctricos, el gobierno casi los ha sacado de su inversión proyectada para favorecer ahora a la ineficiente energia eólica o solar, siguiendo las desaforadas recomendaciones del COP 21 dizque por el largamente controvertido “calentamiento global”, proyectos promovidos por fondos de inversión extranjeros. A eso se sumó años atrás la cancelación del inmenso proyecto hidroeléctrico de Inambari, por la oposición de los ecologistas radicales manipulando a los indigenas, y los mineros de oro ilegales de Madre de Dios (Sur del Perú).
Entretanto, la demanda eléctrica industrial y urbana crece, dentro y fuera de las fronteras, y eso permite a las empresas privadas mas realistas apostar por construir nuevas centrales hidroeléctricas, esperando que el gobierno actual o el próximo deje de premiar el tarifazo y la ineficiencia sacrificando el desarrollo, apostando además por el relegado desarrollo nuclear.
3.1.20

The immense hydroelectric potential of Peru continues to be wasted

Peru's immense hydroelectric potential, the second in the region, continues to be wasted, while it is in 13th place in energy consumption, while continuing the massive electrical cost overruns to the population and productive enterprises. Electric poverty rise, and worst in our amazonica reggion, als can be appreciated in the global energétical poverty maps show above.
The drama has 5 acts:
1.- Public investment collapsed and worse still fragmented with regionalization, product of the crisis and austerity policy (IMF - BM), in the 80s and 90s ....
2.- It is legislated in the 90s to solve the energy crisis by promoting thermoelectric generation - burning more oil than gas - increasing energy dependence and discouraging hydroelectric projects that were already advancing at a slow pace.
3.- Over-rates are applied to the population and productive companies to ensure "cofinancing" and "guaranteed income" to concessionary companies, under the APP scheme (Public Private Partnerships)
4.- Biased tariff system in favor of thermoelectric plants and burdensome to the most efficient hydroelectric plants; presenting perverse stimuli.
5- Despite the proven physical and environmental efficiency of hydroelectric projects, the government has almost taken them out of their projected investment to favor now the inefficient wind or solar energy, following the uncontrolled recommendations of COP 21 said by the long controversial “warming global ”, projects promoted by foreign investment funds. To that was added years ago the cancellation of the immense hydroelectric project of Inambari, by the opposition of the radical environmentalists manipulating the natives, and the illegal gold miners of Madre de Dios (South of Peru).
Meanwhile, industrial and urban electricity demand grows, inside and outside the borders, and that allows more realistic private companies to bet on building new hydroelectric plants, hoping that the current or next government will stop rewarding the “tarifazos” and inefficiency by sacrificing development, also betting on the relegated nuclear development.
3.1.20

jueves, 26 de diciembre de 2019

El desplome calculado de la inversión pública


Según los últimos reportes (Gestión, 16.12.19, p. 27), y como se ha advertido en los últimos años, (ver post) el gasto en inversión pública, hasta el 13  de diciembre, ha llegado sólo al 53%, gastándose sólo 28,000 millones de soles, de los 52,000 millones presupuestados, una bajísima proporción nunca antes vista, y que demuestra que: se gasta poco y mal.
El gobierno retira capacidad adquisitiva de la población y las empresas, y no la reintroduce a la circulación económica, contribuyendo con una desaceleración del crecimiento del PBI, sin retorno. De hecho, el pronóstico de crecimiento del PBI era de 4.2% al inicio del año, y hoy se duda que llegue al 2%.
¿Porqué?
Ausencia de toma de decisiones.
El gobierno no dió un sólo paso para abandonar el esquema de las cuestionadísimas Alianzas Público – Privadas APP, esquema que - vox populi - alentó la corrupción; por el contrario, estuvo con pies de plomo con optar por la alternativa, la obra pública clásica.
Es más: ni siquiera dió luz verde a las APP cuyos beneficiarios no eran las constructoras de siempre, como se dio con la declaratoria de desierta de la concesión del proyecto ferrocarril Lima- Ica, a la que postulaba la mega ferroviaria China Railways.
Al apostar por la obra pública convencional, dejaría sin piso al conjunto de constructoras brasileñas (Odebrecht, la principal) y sus consorciadas peruanas - bautizadas como el "Club de la Construcción"; que en otros países, como Colombia, están prohibidas (a diferencia de Perú) de contratar con el Estado.
Un problema adicional es que buena parte del presupuesto se destina oficialmente a pagar reparaciones judiciales, compensaciones y sobrecostos a las constructoras, fruto de contratos APP pésimamente negociados y negociados por parte del Estado.Estas “contingencias” han llegado a ocupar hasta el 70% del presupuesto público del sector Transportes, el mas relacionado a la infraestructura.
A titulo de ejemplo, Graña y Montero,  la socia peruana de Odebrecht, acaba de demandar al Estado peruano por mas de US$ 500 millones, por la suspensión del írrito contrato por el Gasoducto Surperuano.
24/12/19

The calculated collapse of public investment


According to the latest reports (Gestión, 16.12.19, p. 27), and as noted in recent years, (see post) public investment spending, until December 13, has reached only 53%, spent only 28,000 million soles, of the 52,000 million budgeted, a very low proportion never seen before, and that shows that: little and bad is spent.
The government withdraws purchasing power from the population and businesses, and does not reintroduce it to economic circulation, contributing to a slowdown in GDP growth with no return. In fact, the GDP growth forecast was 4.2% at the beginning of the year, and today it is doubted that it reaches 2%.
Why?
Absence of decision making.
The government did not take a single step to abandon the scheme of the highly questioned Public-Private Partnerships APP, a scheme that - vox populi - encouraged corruption; On the contrary, he was on the lead with opting for the alternative, the classic public work.
Moreover, it did not even give the green light to PPPs whose beneficiaries were not the usual construction companies, as was the case with the declaration of desertion of the Lima-Ica railroad project concession, to which the China Railways mega railroad was running.
By betting on conventional public works, it would leave the whole of Brazilian construction companies (Odebrecht, the main one) and its Peruvian consortiums - baptized as the "Construction Club"; that in other countries, such as Colombia, are prohibited (unlike Peru) from contracting with the State.
An additional problem is that a good part of the budget is officially destined to pay judicial repairs, compensation and cost overruns to the construction companies, the result of badly n PPP contracts by the State. These “contingencies” have reached up to 70% of the Public budget of the Transport sector, the most related to infrastructure.
By way of example, Graña y Montero, the local partner of Odebrecht, has just sued the Peruvian State for more than US $ 500 million, for the suspension of the cuestioned contract for the Surperuano Gas Pipeline.
24/12/19

lunes, 7 de octubre de 2019

Gobierno pasa Tren de Cercanías de Inversión autosostenible a APP “cofinanciada”….¿Porqué?


Luego que PROINVERSION , dirigida por Guillermo Ñecco, “descalificó” a  la segunda ferroviaria del mundo, China Railways, único postor del proyecto Ferrocarril Lima – Ica, por, se dijo,  razones “técnicas” y “financieras”, y después del cuestionamiento del ex presidente regional de Ica, Fernando Cilloniz, el gobierno peruano anunció a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones , MTC, que el proyecto pasaba a ser de una Inversión  autosostenible a una  Asociación Publico Privada - APP -  “cofinanciada”.
Una contradicción total.
Pues el sistema de las APP tenía como una de sus banderas reducir el gasto publico promoviendo que las empresas privadas aporten o gestionen el financiamiento del caso, lo que se daba en la Inversión autosostenible.
Por su parte, la segunda alternativa eran las APP “cofinanciadas”, en las cuales el Estado debía aportar tanto presupuesto público como garantías, y someterse a complicados contratos, en las cuales las famosas addendas, además de los incrementos de costos, los arbitrajes, compensaciones, contingencias  y demás cargas onerosas millonarias hacían estos convenios sumamente engorrosos y complicados de gestionar, con severa perdida para el Estado. (Ver post del blog al respecto: 01. 02, 03, 04)
El Estado financia y luego cede por un tiempo – 20 a 30 años – la infraestructura, hecho que muchos han señalado que es inequitativo para la ciudadanía, que deberá pagar tarifas privadas después que el Estado cofinanció la infraestructura.
En las APP “cofinanciadas”, el riesgo de corrupción se dispara, como lo atestiguan los casos más grandes: Gasoducto del Sur, Interoceánica, etc.
Las APP cofinanciadas se dan en el caso que la demanda del proyecto no compensa al inversionista. ¿Este es el caso de un Ferrocarril que une la capital de la República con la importante ciudad de Ica?
Por lo tanto, la medida anunciada está afectando la capacidad del Estado de financiar más infraestructura y aumento el riesgo de corrupción, en el contexto de una severa crisis institucional y la caída de la inversión pública y privada.
Gestión señala (25.09.19) que una de las empresas que adquirió las bases para el estudio de ingeniería en el nuevo proceso de cofinanciamiento fue una empresa ligada anteriormente a Odebrecht.
Usted: ¿Qué opina?
07 de Octubre de 2019

sábado, 3 de agosto de 2019

Continúa desplome físico y monetario de la inversión pública

En medio de la desaceleración, y pese a que el ministro de Economía Carlos Oliva – como lo hizo el presente régimen desde el inicio – sigue afirmando que principalmente la inversión pública impulsará el crecimiento, el diario Gestión advierte que, todo lo contrario, la inversión pública ha retrocedido un 2.8% en lo que va de enero a julio de este año, respecto al mismo periodo del año pasado, considerando los importes desembolsados.
Se mantiene así la tendencia de los últimos años ya señalada en el blog (ver links: 01 , 02 , y 03)
Pero las cifras monetarias ocultan a lo que realmente importa para la economía física: el avance de obras físicas. Allí el desplome es presumiblemente mas grave.
Por ejemplo, en 2018 el presupuesto había previsto pagos por S/. 69,000 millones (más de US$ 20,000 millones) en contingencias judiciales, (ver post del blog) provenientes de los contratos fraudulentos negociados por parte del Estado en  Asociaciones Público – Privadas firmadas con empresas del Club de la Construcción, liderados por Odebrecht y sus socios locales.
Según académicos en la prensa, el 70% del presupuesto público de inversiones en trasporte, el rubro más importante, se iría en estas “contingencias”. Pero esta sangría de fondos públicos  no es remediada por la distracción de la  cortina de escándalos publicitados por el cartel mediático local dirigidos contra  los partidos y el Congreso
El propio gobierno ha reducido su expectativa de crecimiento del PBI el 2019 de 4% a 3.5%, pero aun así las dudas se incrementan en todos los sectores económicos.
El crecimiento de la inversión privada se ha reducido asimismo de 5.3% el primer trimestre de 2018 a 2.9% en el mismo lapso de 2019, pese a la fuerte inversión china en los rubros minero y petrolero.
Pese a eso, la terca e inexplicable apuesta del gobierno de Martin Vizcarra por el esquema de las APP ha prolongado el desplome de la inversión, incluyendo la fallida “Reconstrucción con cambios” para paliar los efectos del Fenómeno del Niño de 2017, y el prometido “destrabe” de los grandes proyectos. Ya en 2017 el en entonces ministro de Economía Alfredo Thorne señaló que los proyectos paralizados por la participación de Odebrecht y asociados en el caso Lavajato alcanzaron el 4.7% del PBI , y muchos son proyectos “indestrabables” hasta la fecha :
Carretera IIRSA Norte con US$ 620 millones,
Gasoducto Sur Peruano con US$ 5.794 millones,
Chavimochic III Etapa con US$ 715 millones,
 Trasvase del proyecto Olmos con US$ 220 millones
Vías nuevas de Lima con US$ 499 millones.
03/08/19

martes, 30 de julio de 2019

Plan Nacional de Infraestructura: buena idea, formulación errada


Si bien el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad – y el Plan Nacional de Competitividad y Productividad relacionado – era imprescindible, el Plan Formulado presenta serias deficiencias  que pueden convertirlo en impracticable  y flexible para todo tipo de manipulación interesada. Ambos documentos fueron anunciados y presentados en el discurso presidencial ante el Congreso de la República por las Fiestas Patrias del Perú el 28 de julio del presente año, por el mandatario Martín Vizcarra.
Según la reseña del diario Gestión (28.7.19), y la propia publicación en el diario oficial, el Plan representa un compendio de lo actuado hasta la fecha, sin ninguna mejora real, presentando por el contrario retrocesos notables.
Si bien es muy conveniente fijar un importe respecto a la brecha en infraestructura que existe en nuestro país, aun cuando este está totalmente subvaluado, y siendo laudable reconocer que la brecha ferroviaria es insoslayable, las omisiones son verdaderamente monumentales:
        I.            Ausencia de criterios estratégicos de priorización, eludiendo cualquier concepto de integración física bioceánica; o de la creación de su sistema nacional de infraestructura, seccionado el espacio nacional en forma arbitraria, sin criterios establecidos,
      II.            Total postergación de los proyectos energéticos, siguiendo la tendencia establecida en las últimas 3 décadas,
    III.            Énfasis desmedido en la infraestructura para la exportación e importación marítima, sin ningún enfoque hacia la complementariedad económica, integración territorial  y creación de mercados internos y externos transfronterizos (con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile);
    IV.            Insistencia en el fracasado esquema de Asociaciones Publico Privadas, APP, con un impacto altamente negativo en corrupción e ineficiencia;
      V.            Centralismo desorbitado, con el 50% de los proyectos “priorizados” a ejecutarse en Lima Metropolitana, de la lista de 52 proyectos de mediano plazo “priorizados”, por S/. 99,196 millones  (casi 30,000 millones de dólares);
    VI.            Postergación arbitraria de la inversión en la Amazonia;
  VII.            Ninguna alusión a la industrialización,
Se hace necesario el pronunciamiento de los colegios profesionales, los gremios empresariales y la sociedad organizada, para formular un verdadero Plan Nacional de Infraestructura, bajo los conceptos de los corredores de desarrollo bioceánicos y el incremento de la densidad de flujo energético en los procesos productivos, como lo ha desarrollado ampliamente Lyndon LaRouche.
30.7.19

lunes, 13 de mayo de 2019

APP “cofinanciadas”: negocio redondo……

Si. Como lo escucha. Pero una Alianza Público – Privada – APP --  no es un negocio redondo para el país: todo lo contrario. Lo es para algunas empresas constructoras (se habla de un Club de la Construcción), sus financistas, sus lobistas, sus abogados, árbitros y medios de comunicación allegados, toda una organización íntegra.
Como ya lo hemos sostenidos muchas veces en el blog (ver  posts: 01, 02, 03 y 04) la decisión del gobierno de continuar con las APP “cofinanciadas” ya iniciadas y seguir promoviendo este esquema ha desconfigurado el sistema de inversiones públicas, con una caída drástica de dicha  inversión, y con una caída mucho peor del avance de la obra física. El emblemático caso del Gasoducto Sur Peruano, 4 años paralizado, viene a mientes.
La otra modalidad de APP, llamadas autosostenidas, tiene también serios inconvenientes, que comparten las “cofinanciadas”,  en especial, el trasladar a la población civil los costos y el lucro mediante altas tarifas muy por encima de los pares de la región (por ejemplo, peajes, tarifas de servicios, etc.). Pero las APP autosostenidas se financian solas, sin cargar el presupuesto público.
Las APP “cofinanciadas” tienen la desventaja que son prácticamente financiadas en su casi totalidad por el Estado, que entrega a cambio de casi nada una concesión por 20 o 30 años a los privados por una infraestructura construidas por el erario público.
Aquí hay una seria ruptura del “pacto social”: los ciudadanos tributamos a cambio de que construya infraestructura: ¿Por qué pagar nuevamente una tarifa por una infraestructura concesionada?
Los desembolsos del Estrado se producen, pero el avance de obras no, registrándose pagos millonarios en penalidades y compensaciones, ampliaciones presupuestales sospechosas de sobrecostos fraudulentos de hasta 174% adicional , que es el verdadero negocio para estas empresas.
De momento, la situación se encubre por las masivas inversiones extranjeras y la mayor demanda internacional. Pero el costo para las generaciones futuras es incalculable. Debemos regresar a la obra pública clásica ...¡ya!
13 de Mayo de 2019

jueves, 21 de marzo de 2019

Según Wall Street … Perú no puede ni debe cerrar su brecha de infraestructura

El sutil pero contundente argumento de la oficina local de Moody´s, una de las mayores clasificadoras de riesgos internacionales, favoritas de Wall Street, dice que el Perú no cerrará su brecha de infraestructura al ritmo que invierte el Estado, pero tampoco le “conviene” variar eso, porque rompería el techo fiscal acordado con el FMI, perjudicando su atracción de inversiones extranjeras.
En efecto, Gestión (Lima, 9.11.19) reseñó la información de Moody´s, sobre que la brecha de infraestructura suman unos USS$ 159,500 millones, lo cual implica un gasto anual (considerando 10 años) de US$ 15,950 millones anuales, 6.3% del PBI promedio. Pero, “según el marco fiscal macroeconómico actual … del gobierno peruano [comprometido con el FMI. NDR], se prevé que la inversión pública promediará 4.6% del PBI (anual) hasta 2025, quedando por debajo de las necesidades”.
¿Por qué el Perú se tendría que conformar? Porque cerrar la brecha de infraestructura "será costoso y podría afectar la fortaleza fiscal de nuestra economía”, dice Moody´s, que reconoce que la brecha de infraestructura en el Perú “frena de desarrollo económico y el crecimiento de la productividad”.
La “solución” que propone Moody´s es peor que la enfermedad: las infames Asociaciones Publico Privadas, APP, aunque también desconfía porque los proyectos de inversión (APP e inversión pública directa) en general “han sido vulnerables a la corrupción”.
Este blog siempre ha mostrado el potencial económico de la infraestructura, pero también hemos sido cuidadosos en no presentar un esquema irrealista, confundiendo deseos con realidades, conociendo el tremendo retroceso en la inversión pública de los últimos años
21.3.19

sábado, 2 de marzo de 2019

Falacias en la evaluación financiera de proyectos de desarrollo

Preocupa hondamente que la postergación sine die de proyectos vitales para el Perú – como el Corredor Ferroviario Bioceánico Norte Brasil – Perú  - se haya “fundamentado” con “criterios de evaluación financiera”, como decir que el ferrocarril tiene flete muerto porque “regresaría vacío” a Brasil, indicando carencia de beneficios suficientes.
Este postergar proyectos vitales, como Olmos, postergado por 100 años y luego reducido, se ha acentuado en los últimos 50 años, desde los años 70, con el fin de la verdadera cooperación para el desarrollo producida después de la II Guerra Mundial, en el espíritu del Plan Marshall, cuando Estados Unidos, el BIRF, Alemania y hasta Rusia daban préstamos y tecnología para el desarrollo.
Un problema doble se presenta en la evaluación y priorización de la inversión pública:
1.       No existen criterios económicos de evaluación de las inversiones en infraestructura amplios para determinar los beneficios esperados no solo a corto plazo,  sino a largo y mediano plazo.
2.       No existen criterios de control y medición de impactos de la infraestructura realizada.
Primero, sólo se consideran  beneficios sociales y económicos inmediatos (pago de tarifas e ingresos tributarios, o ahorro de costes a la población en corto plazo) de un proyecto de inversión pública, y en muchos casos, como los proyectos sometidos a asociaciones público – privados, APP, solo se atiende a los ingresos por tarifas.
Se privilegia la evaluación financiera desde el punto de vista del prestamista, lo cual no era correcto pero parecía lógico cuando intervenía un organismo financiero internacional, como la ha impuesto desde 1958 el Manual de Proyectos de desarrollo económico de las Naciones Unidas.  
Segundo,  la infraestructura realizada suele ser cuestionada en su impacto económico (ex post, más allá del efecto monetario en el gasto inicial), pero el Estado y la sociedad en su conjunto carecen de criterios consensuados para medir éstos impactos.
El enfoque corriente de evaluación financiera de proyectos ignora aspectos como:
·         Conectividad
·         Creación de mercado
·         Rentabilización  de emprendimientos
·         Encadenamientos industriales
Que generan a su vez retornos no inmediatos, ni a corto plazo, que se ignoran en la evaluación financiera de los mismos, pero que son realmente notables, considerando los recuentos históricos.
Todos estos factores, presentes en proyectos como Corredores de desarrollo, generarán emprendimientos nuevos y eficiencia en costos que de no existir la nueva infraestructura quedarían en el limbo, y con ello generando mayores pagos de impuestos a mediano y largo plazo, que son beneficios directos al erario no registrados.
02/03/19

domingo, 20 de enero de 2019

Plan Nacional de Infraestructura si, pero con criterios desarrollistas reales

En el último CADE, Conferencia Anual de Ejecutivos, el 30 de noviembre pasado, el presidente de la República Martín Vizcarra anunció que a mediados de 2019 el Perú contaría con un Plan Nacional de Infraestructura oficial. El presidente afirmó además en dicha ocasión: "Llevaremos a cabo un ambicioso proyecto de conectividad multimodal, utilizando carreteras, ferrocarriles, transporte aéreo, acuático, para mejorar la conexión entre las diversas regiones de país". 
Vizcarra unió a este esfuerzo la propuesta por un Plan Nacional de Competitividad y Productividad, aún en consulta. 
El presidente se hace eco de una necesidad flagrante, pues la ausencia de este magno programa (ver post del blog y la propuesta de bases que adelantamos) creó un grave problema en la priorización de los proyectos, pues muchos se priorizaban o se redefinían para satisfacer a los concesionarios a cargo (Odebrecht y consorciadas, por ejemplo), pero no para un desarrollo estratégico armónico.
Según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN, que agrupa a las concesionarias, la brecha de la infraestructura en el Perú es de cerca de 160,000 millones de dólares,  comparado con el presupuesto público total de más de 46,000 millones de dólares.
AFIN ha presentado su propio Plan Nacional de Infraestructura, en el cual, lamentablemente, faltan aspectos claves:
Lamentablemente, AFIN insiste en la receta de las Asociaciones Publico Privadas , APP, que tanto daño ha producido a la infraestructura peruana (Al respecto. ver post previo).
¿Que opina Vizcarra sobre las APP?
Esperamos de él un enfoque a la altura del interés nacional y la integración. 
19 de Enero de 2019

jueves, 29 de noviembre de 2018

MTC: APP co financiadas son inconvenientes; Linea 3 del Metro y Chinchero ... a obra pública

El propio Ministro de Transportes y Comunicaciones Edmer Trujillo Mori (en la foto) debió reconocer lo que el consenso profesional (y este blog ) habia dicho hace muchos meses: las PP co financiadas no sólo no son un beneficio para el país, sino por el contrario. 
El ministro, al anunciar que la Linea 3 del Metro de Lima se realizaría como obra pública, aclaró respecto a las APP (Gestión, 28.11.18): “Es un modelo de negocio en el que el Estado pierde capacidad de negociación frente al concesionario privado”, afirmó.
“Lo que pasa en la Línea 2 es que tenemos un privado que administra US$ 5,300 millones frente a un Estado atado de manos. Por eso, muchas veces el Estado tiene que pedir casi de favor que se hagan las cosas”, enfatizó, segun el diario.
“Para la Línea 3 nos inclinamos a ejecutarla vía obra pública con un acuerdo de estado a estado, como el que estamos trabajando ya en [las obras para los Juegos] los Panamericanos”, precisó.
Trujillo explicó que esta decisión se tomó debido a que los anteriores estudios planteaban para las líneas 3 y 4 un modelo de negocio similar al de la Línea 2 del Metro de Lima, que se hizo vía APP, “el cual ya está demostrado que no es el mejor”.
En el caso de la construcción del aeropuerto de Chinchero, el titular del MTC reafirmó que también se realizará como obra pública, también con el esquema de contratación de estado a estado.
(Ver también entradas: 02, 03, 04)
Los costos de aferrarse a las APP son muy notorios: de 14 proyectos (incluidos de infraestructura) previstos por PROINVERSION  el presente año, sólo 2 se han adjudicado y se espera sólo 2 mas. 
29.11.18