Grueso de Infraestructura, a obra pública

Aún sin recuperarse del desastre causado por Odebrecht y otras empresas bajo las Alianzas Público - Privadas, APP, en los anteriores gobiernos, PPK se mueve lentamente y con desgano a la administración de algunos de los principales proyectos - como el Tren de Cercanías - como obra pública, manteniéndose otros bajo el esquema APP, como el caso del Gasoducto Sur Peruano. El lobby de las APP sigue fuerte, pese a que líderes políticos, congresales y profesionales insisten en que la notoria inconveniencia de las APP hacen necesario regresar al esquema clásico de obra pública (ver otros post del blog: 1, 2 y 3).

El Estado estuvo cediendo el control de la infraestructura y sus beneficios por 30 años a las empresas privadas concesionarias, cubriendo hasta el 90% de la inversión, en algunos casos, o trasladando los sobrecostos a la población, vía tarifas, como en la mayoría de las obras de energía y carreteras.

¿Y el presupuesto público? Además de cubrir gastos corrientes (planillas estatales), proyectos pequeños no estratégicos y gastos financieros, está viviendo hoy una vorágine de nuevo endeudamiento, pagando gruesas comisiones a los bancos internacionales.

En general, los proyectos se han atrasado entre 10 y 20 años, mientras el Estado esperaba pacientemente que el potencial concesionario privado determinase si un proyecto era para el "rentable", y, después de eso, lograr el financiamiento de la banca internacional, para continuar con la retahila de "addendas" y arbitrajes. Mientras tanto, la población beneficiaria, totalmente postergada. Y en muchos casos, como el caso de Olmos, los resultados fueron de una mucha mayor concentración de los recursos en pocas manos, acelerando la inequidad, todo lo contrario a los objetivos del Estado.

Como en el caso del nuevo puerto de San Juan de Marcona, promovido por las mineras de hierro y cobre chinas, el esquema APP puede ser beneficioso en algunos casos, pero solo como complemento a la acción del Estado, que debe garantizar que los proyectos vitales se construyan, si o si, sin depender de si el potencial concesionario privado encuentra rentabilidad a corto plazo. 

Vale.

4.10.17