martes, 21 de julio de 2020

Empleo digno y sanidad pública: cómo lograrlos

 

¿Es viable una economía con el 73% de empleo informal?

Lo pregunta un post en Facebook de un comunicador peruano; y es la gran cuestión, en relación a la incapacidad de la cuarentena, de detener el COVID 19. La mayoría de la población, con empleo informal,  no tuvo la capacidad de respetar la cuarentena, porque no tenía medios de vida, y debieron salir a la calle, echando por la borda el distanciamiento social y ayudando a la expansión de la pandemia.

Pero esta situación no es mala sólo por la pandemia: lo ha sido siempre; solo que ahora se ve más claramente el mal en una condición extrema. Migración forzosa, subalimentación, marginalismo social y delictivo, son otras consecuencias de una situación causada por la masiva desinversión en los últimos 50 años, de la que hemos hablado.  La consecuente ausencia de un sistema sanitario básico hizo el resto.

¿Porque nuestros países han aceptado esta situación? Una población sometida la miedo creciente por la crisis económica y de seguridad (subversión) ha ido cediendo su opinión y sus derechos, confundida  además por los birlibirloques de los magos del libre mercado, como Hernando de Soto, auspiciadores de la política de austeridad y de su  dizque alternativa para los desempleados, la economía informal” o el “autoempleo”, “emprendedorismo”; a la vez que la “apertura comercial” promovía el cierre masivo de industrias livianas locales y la “austeridad” provocaba el cierre o reducción de industrias pesadas públicas.  

Aunado a la propaganda por la “economía de servicios”, que, unido al autoempleo, aunque podrían representar aportes marginales, no son ninguna alternativa a la industrialización pesada, como lo entiende tan bien Corea del Sur y China. La industrialización clásica de Estados Unidos y Europa sigue siendo un paradigma crucial.

Una economía basada en generación eléctrica masiva, siderúrgia (acero), metalmecánica, industria química básica y un sistema ferroviario en todo el territorio, que Santiago Antúnez de Mayolo y algunos  gobernantes antes de los años 70 promovían, es posible.

La formación de empresas modernas  de capital básicamente nacional es una necesidad impostergable, para lo cual se necesita por supuesto una planificación dirigista de un gobierno patriótico, con la cooperación indudable del sector privado, para una construcción económica – más que una recuperación -- plena en nuestros países, conforme a las posibilidades que franquea la iniciativa de Una Franja Una Ruta. 

16.07.2020

 

 


domingo, 5 de julio de 2020

Duraderos y fatales efectos de la “austeridad presupuestal”

Como hemos señalado en anteriores, posts, un ejemplo  preciso de los efectos de la austeridad presupuestal  aplicada en nuestro país desde mediados de los años 70 son los US$ 19,000 millones de brecha en infraestructura sanitaria, que nos impide luchar contra la pandemia del COVID 19.
La austeridad fiscal comenzó aun antes de la primera carta de intención firmada por el gobierno peruano con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 1977. Esta  consiste en la reducción del gasto público, tanto en gasto corriente como de capital, para asegurar el pago de la deuda externa con los acreedores internacionales, destacadamente, los bancos de Nueva  York.
La principal justificante de la austeridad fiscal condicionada por el FMI para librar los préstamos que permitirían a un país agobiado importar bienes e insumos básicos y evitar caos y hambruna, era el “enfriamiento” de la economía para detener las espirales inflacionarias presentes en gran parte de la región (terapia de shock).
Es  ilustrativo repasar algunas medidas y consecuencias  de la austeridad fiscal, parte de las Cartas de Intención del FMI y con el apoyo del Banco Mundial:
        I.            Postergación, reducción, y cancelación de proyectos de infraestructura vitales, como Chavimochic, Olmos, Transvase del Mantaro, retrasados cerca de 40 años, y algunos cancelados definitivamente. Crucial fué la reducción de los componentes energéticos de proyectos hidráulicos, como Olmos, Chavimochic y Majes – Siguas.
      II.            Seccionamiento de grandes programas con el argumento falaz de “lo pequeño es hermoso”, con criterios que atomizaron aún más los sistemas sanitario y educativo. Se construyeron miles de postas médicas con el “enfoque  de salud preventiva”, mientras se abandonaba la construcción de hospitales especializados en ciudades medianas o grandes.
    III.            Atomización del presupuesto público por una regionalización erigida sin criterio técnico, que multiplicó después del 2000 el gasto corriente en perjuicio del gasto de capital;
    IV.            Reducción y precarización de la planilla de trabajadores públicos; a la par que se imbuía a la población en la supuesta bondad de la “economía informal” y el emprendedorismo voluntarista, en un país sin infraestructura ni demás condiciones.
      V.            Venta o concesión de empresas y servicios públicos,
    VI.            Destrucción del sistema pensionario solidario, aparejado a la creación de una deuda pública interna no reconocida con los trabajadores, aunado al desplome de la infraestructura sanitaria anexa;
  VII.            Sustitución de la construcción de infraestructura pública clásica por sistemas leoninos de concesionamiento como las Asociaciones Público – Privadas, APP, de tanto provecho para Odebrecht y cientos de empresas similares
Todo ello generó una inmensa brecha de infraestructura de US$ 160,000 millones.
Hoy, es posible  un programa rápido de construcción de infraestructura y producción industrial dirigista para superar 4 décadas perdidas. Y es más sencillo de lo que pensamos, si contribuimos además a delinear el contexto adecuado para una Nueva Ruta de la Seda global.
¿Tu, qué opinas, compatriota?
05 de Julio de 2020