Se ha
acelerado una situación que lleva ya varios años: la oposición de la población
a los incrementos de las tarifas en las concesiones de infraestructura vía
Asociación Público – Privado (APP), en especial, en transportes y agua y saneamiento.
El 24 de
abril, el Consejo Nacional de Transporte Terrestre organizó una huelga de
trasportistas, en protestas por altos peajes y el pobre mantenimiento de las
vías, y obligaron al gobierno a revisar
el sistema tarifario; lo que se suma a
la suspensión de instalación de nuevas casetas de peajes en la Carretera
Central, antecedidas por protestas en varios puntos del país (en la imagen, los pobladores de Puente Piedra, en Lima, en enero de 2018, protestaron por nuevos cobros de peajes para los pobladores).
El gobierno
debió paralizar el incremento de las tarifas de agua potable en Moquegua,
solicitada por la concesionaria, además de anunciar su intención de revertir la
concesión del agua potable en la ciudad de Tumbes, por serios incumplimientos
de los servicios.
La cúpula
empresarial CONFIEP. Respondiendo a las
concesionarias y al sector bancario relacionado, han criticado la “marcha
atrás” del gobierno, aduciendo que por ejemplo, las concesiones en carreteras
deben alcanzar el 100% de las vías nacionales (principales)
Pero no es el
único traspiés del sistema de las APP “cofinanciadas”. En el caso de las
proyectos de infraestructura nuevos
grandes, como el Tren de Cercanías de Barranca – Ica, los proyectos de
irrigación como –Alto Piura y Majes Siguas II, y el Aeropuerto de Chinchero y
otros, el gobierno ha virado hacia la obra pública directamente administrada,
descartando las APP “cofinanciadas”.
El límite más
preocupante para el Estado es que los ingresos fiscales se han reducido gracias
a las exoneraciones tributarias ampliadas por PPK, mientras que la deuda se ha
acelerado, en medio de los sobrecostes causados por el mismo sistema perverso
de las APP “cofinanciadas”, de las que ya hemos hablado (ver posts: 1,
2,
3,
4 y 5
).
28.4.18