Este postergar proyectos vitales, como
Olmos, postergado por 100 años y luego reducido, se ha acentuado en los últimos
50 años, desde los años 70, con el fin de la verdadera cooperación para el
desarrollo producida después de la II Guerra Mundial, en el espíritu del Plan Marshall,
cuando Estados Unidos, el BIRF, Alemania y hasta Rusia daban préstamos y
tecnología para el desarrollo.
Un problema doble se presenta en la
evaluación y priorización de la inversión pública:
1. No existen
criterios económicos de evaluación de las inversiones en infraestructura
amplios para determinar los beneficios esperados no solo a corto plazo, sino a largo y mediano plazo.
2. No existen
criterios de control y medición de impactos de la infraestructura realizada.
Primero, sólo se consideran beneficios sociales y económicos inmediatos (pago de tarifas e
ingresos tributarios, o ahorro de costes a la población en corto plazo) de un
proyecto de inversión pública, y en muchos casos, como los proyectos sometidos
a asociaciones público – privados, APP, solo se atiende a los ingresos por
tarifas.
Se privilegia la evaluación financiera
desde el punto de vista del prestamista, lo cual no era correcto pero parecía lógico
cuando intervenía un organismo financiero internacional, como la ha impuesto desde
1958 el Manual de Proyectos de desarrollo económico de las Naciones Unidas.
Segundo, la infraestructura realizada suele ser cuestionada en su impacto económico (ex post, más allá del efecto monetario
en el gasto inicial), pero el Estado y la sociedad en su conjunto carecen de
criterios consensuados para medir éstos impactos.
El enfoque corriente de evaluación
financiera de proyectos ignora aspectos como:
·
Creación de mercado
·
Rentabilización
de emprendimientos
·
Encadenamientos industriales
Que generan a su vez retornos no inmediatos,
ni a corto plazo, que se ignoran en la evaluación financiera de los mismos,
pero que son realmente notables, considerando los recuentos históricos.
Todos estos factores, presentes en proyectos
como Corredores de desarrollo, generarán emprendimientos nuevos y eficiencia en costos que de no
existir la nueva infraestructura quedarían en el limbo, y con ello generando
mayores pagos de impuestos a mediano y largo plazo, que son beneficios directos
al erario no registrados.
02/03/19
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