Realidades en torno al caso Odebrecht

Este blog ha pretendido siempre un enfoque ciudadano y científico, eludiendo siempre los aspectos partidistas, que suelen reducir malamente el enfoque de la cosa pública. Hoy, luego de las declaraciones del encargado de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, hoy “colaborador eficaz”, de haber dado aportes a la totalidad de los expresidentes y casi todos los grupos políticos del país, es bueno hacer una síntesis de los aspectos centrales del buen gobierno y el bien común, pues es probable además que lo  mismo que se diga sobre el Perú se pueda asimismo decir, mutatis mutandi, respecto a algunos otros países de la región.

1. Vivimos es una corrupción social, acentuada en la administración del Estado; luego de casi 5 décadas de convivencia con el narcotráfico en todos los niveles.
2. El fracaso de la administración pública le echó más leña al fuego, al dar “justificación” para que los organismos multilaterales, como el FMI y el BM,  “privatizasen” los proyectos de inversión en infraestructura, bajo las asociaciones público privadas, APP. (ver post)
3. El esquema corruptor de Odebrecht y similares era ad hoc a las APP, ha perjudicado gravemente el proceso de inversión pública. Gran parte del presupuesto – se estima en un 70% --  se va en pagar reparaciones a las privadas, sobrecostos, contingencias, gastos judiciales; a pesar que los “ingresos garantizados” representan tarifazos para la población y el sector productivo (ver nuestro post al respecto).
4. El caso ha generado un peligrosísimo detenimiento de la cadena de pagos en el país, dado que muchas empresas contrataban con Odebrecht y ahora están impedidas de contratar con el Estado.
5. Las potencias trasatlánticas, administradoras de los paraísos fiscales donde terminaba el dinero de la corrupción, vieron siempre el proceso con simpatía, hasta que decidieron que podían aprovechar asimismo  de su desmontamiento. Nótese que fue la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos la que expuso la trama Odebrecht en el momento más oportuno para la Agencia. No nos extrañemos si los fondos de inversión de lengua inglesa comienzan a comprar baratas las empresas peruanas en crisis.

La corrupción debe acabar, pero no debemos permitir que poderes foráneos nos pongan el precio a pagar.

Las personas delinquen, no las empresas como tales.

El Perú debe cortar el sistema que promueve la corrupción asumiendo la conducción del Estado del proceso de inversión pública, castigo total a la corrupción, estableciendo un Plan Nacional de Infraestructura de verdad, estableciendo acuerdos gobierno – gobierno, garantizando la pervivencia de las empresas productivas peruanas, y movilizando a la población con batallones de ingeniera cívico – militares.

6.3.18