En cada campaña electoral, surgen siempre algunas voces voluntariosas hablando de industrialización, en medio de otros muchos temas, como el empleo, la salud, la educación, la seguridad, la pobreza extrema, la corrupción, etc. En el caso del Perú, ninguno de los dos candidatos a segunda vuelta ha hablado de industrialización, al menos, coherentemente.
Y el escenario se repite en casi todos los países latinoamericanos.
Esto no cambia la permanente ausencia de un análisis serio y sincero, como
ha promovido con relativo éxito y a pequeña escala este blog, pero a una escala
social e institucional amplia. La industrialización no puede ser una receta
copia de procesos en otras latitudes, épocas o circunstancias. En realidad, los
oligopolios consolidados en la banca, la agroexportación, la minería, los
servicios públicos, están en una zona de confort que no desean arriesgar,
apostando las sacrosantas reservas internacionales a una “aventura
industrialista”. Pero ¿Qué pasa con los millones de peruanos sin empleo digno?
¿Qué pasa con el equilibrio democrático en un país tan diverso y amenazado?
Sólo un proceso de industrialización puede garantizar ese futuro común
prometido desde el nacimiento de la República.
La industrialización implica sacrificios, costos y riesgos, para todos los
agentes sociales y económicos; por ejemplo, la inversión a realizar exigirá
sacrificios en el consumo en un país que tiene bajos niveles de bienestar.
Implica asimismo riesgos y potenciales restricciones a ahorradores y empresas,
al demandar bienes de capital y tecnología importados que presionarán la
balanza de pagos. Asimismo, el componente público de la inversión presionará el
“equilibrio presupuestal” y a los contribuyentes. Por ello, si los sectores nacionales no son
conscientes de estos sacrificios y los aceptan, una marcha atrás sería aún más
catastrófica.
Un acuerdo nacional por la industrialización exige un movimiento político y
un liderazgo fuerte. Se debe establecer
una combinación de definición de la oferta industrial de exportación a
promover, de corredores bioceánicos de desarrollo incluyendo abastecimiento
energético y programas hidráulicos, cooperación internacional en ciencia y
tecnología, educación básica universal de calidad, financiamiento dirigista estatal
aprovechando la potestad del Estado a emitir moneda, y concentración del apoyo
público y la infraestructura en parques industriales, entre otros. El estado
puede usar las empresas estatales existentes y a crear para utilizar la renta
de los productos extractivos exportados en el desarrollo, por medio de joint
Ventures con empresas extranjeras.
Pero, para ello, se deben excluir las ideas antidesarrollo, a saber: de un
lado el ultraliberalismo, monetarismo, malthusianismo, ecologismo radical, y, del otro, anticapitalismo, anarquismo, regresión tecnológica (tecnologías “apropiadas” … para la despoblación),
separatismo racialista e identitario, autarquismo, etc.
En naciones como Perú, Colombia y Bolivia, en las cuales el narcotráfico
genera un circuito social y monetario alterno al del estado y la economía nacional, cualquier
“huelga de masas” puede ser dirigida a la guerra civil, la destrucción del
estado nacional, la despoblación, o la balcanización final de nuestros países.
O a todo junto.
La industrialización ya no es electiva hoy, y debe hacerse con una estrategia
precisa, que puede incluir en cierto momento reformas constitucionales, porque
elementos y recursos no faltan en nuestros países.
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